Macarena Toro

Mientras el Gobierno entrega las primeras luces de cómo piensa el proyecto de gratuidad en la educación superior, la mayoría de los expertos ha coincidido en que avanzar en la gratuidad universal en instituciones acreditadas costaría unos US$ 4 mil millones.

Sin embargo, todos los cálculos hasta ahora se han hecho considerando la matrícula actual que supera el millón de estudiantes. Pero un nuevo elemento surgió cuando se conoció que una de las exigencias que estudia el Mineduc es poder limitar los cupos que ofrezcan las instituciones que accedan a la gratuidad.

Esto, porque según los datos del Consejo Nacional de Educación, en los últimos años la matrícula de la enseñanza superior ha crecido entre 6% y 3%. Y si bien el año pasado se registró un estancamiento a nivel universitario, los institutos profesionales -que reciben alta proporción de jóvenes vulnerables- siguen al alza.

En este escenario, la fundación Acción Educar analizó qué pasaría si la matrícula sigue creciendo a una tasa de 3%, la más conservadora.

En ese contexto, se aprecia que para dar gratuidad a todos los estudiantes, a 2020 se requerirían US$ 905 millones adicionales a los US$ 4 mil millones que se han estimado. Esto, claro, si no se limitaran las matrículas, lo que generaría un alto impacto principalmente entre los jóvenes de los grupos más vulnerables.

¿Por qué? Según los datos de la última Casen, solo un tercio de los jóvenes más vulnerables accede a la educación superior, mientras que en los sectores de mayores ingresos la cobertura está casi en el 90%.

Según explica Gonzalo Vargas, rector de Inacap y presidente de Vertebral -que agrupa a los planteles técnicos acreditados-, si se restringen los cupos, ya en el sector más rico están casi todos los estudiantes, pero no en los más pobres, que sí requieren ampliarse, y que de hecho lo han hecho principalmente de la mano de la oferta de los institutos en la última década.

"Uno esperaría que si hay mejores condiciones de financiamiento, debería haber una demanda latente muy importante. Lo que se está planteando es que los recursos de gratuidad irían principalmente al sistema universitario porque se está proponiendo un sistema único de admisión que si va a tener principalmente la PSU va a dejar excluido precisamente a la gente que viene de los niveles socioeconómicos más bajos y vamos a tener un sistema menos integrado", dice el rector.

En esa línea coincide Raúl Figueroa, director de Acción Educar. Si bien plantea que como premisa es positivo que haya ciertos estándares mínimos en el sistema, cree que limitar las vacantes o fijar el mismo sistema de ingreso a todo tipo de plantel puede terminar afectando la diversidad de proyectos educativos del sistema.

"Va a ser más funcional a unos que a otros. Podría ser beneficioso para los alumnos universitarios, pero no para los técnicos", sostiene, recordando que además uno de los sectores que más demanda el país es justamente el crecimiento del área técnica.