Una inquietud transversal se observa en el ámbito educativo tanto por la falta de definiciones como por los criterios equívocos que han acompañado a la reforma, lo que se ha traducido en un elevado rechazo del curso que esta ha seguido por parte de la ciudadanía.

En el ámbito escolar, mientras se discuten proyectos como una nueva carrera docente bajo la presión del paro de profesores, la desmunicipalización y se redactan los reglamentos correspondientes a la ley del fin al lucro, a la selección y al copago, los sostenedores de la educación particular subvencionada se hallan inquietos por no tener certezas sobre cuál será el escenario futuro, con qué recursos contarán y cómo se verá afectada su autonomía. En entrevista con este diario, la presidenta saliente de la Sociedad de Instrucción Primaria, Patricia Matte, manifestó su preocupación por la incertidumbre que afecta al sector. Los colegios particulares subvencionados se sienten cada vez más restringidos en su capacidad de desarrollar proyectos educativos diferenciadores y temen convertirse en meros administradores de los recursos fiscales, sin mayor reconocimiento por los resultados académicos.

Las recientes iniciativas, más que propiciar e impulsar la calidad, han sembrado también inquietud en los padres, que demandan escuelas donde sus hijos aprendan y estén seguros. La promesa de mejoría de la calidad de la educación pública no se ha cumplido y la migración desde ese sector al particular subvencionado se mantiene.

No muy diferente es el clima que enfrentan las instituciones de educación superior. La discusión sobre la gratuidad genera una serie de interrogantes que inquieta a los rectores: su alcance, los plazos, las condiciones para acceder a ella y el arancel que se tomará como base, entre otros temas; todas definiciones necesarias para enfrentar un nuevo escenario. La Presidenta Bachelet anunció que se seguirá avanzando en gratuidad en la medida que se tengan los recursos y la ministra de Educación afirmó que la promesa de gratuidad "es en un plazo de años que trasciende este proyecto de ley".

Si bien parece de la mayor prudencia graduar las reformas de acuerdo con la disponibilidad de recursos, ha provocado rechazo el anuncio respecto de que el próximo año la gratuidad se comenzará a aplicar solamente al 60% de los estudiantes más vulnerables de las universidades del CRUCh. Igualmente cuestionable resulta el anuncio respecto de que solo los alumnos que estudian en institutos profesionales y centros de formación técnica constituidos como sociedades sin fines de lucro -independientemente de su calidad- podrán acceder a la gratuidad, en circunstancias que la ley sí permite a estas instituciones tenerlo.

Sin poner el énfasis en aquellos aspectos que logren impactar de manera certera en elevar la calidad y lograr la equidad, la reforma educativa no habrá conseguido las transformaciones que la ciudadanía demanda.