El senador Ignacio Walker y el constitucionalista Patricio Zapata han difundido en este diario una propuesta novedosa, a la que denominan "convención constituyente". Levantada como alternativa a la asamblea constituyente, difiere en muchos aspectos procedimentales de esta última, pero converge con esta en su objetivo final, que es generar una nueva Carta Fundamental para Chile.

La propuesta Walker-Zapata presenta avances frente a la difusa e incierta idea de una asamblea constituyente. A su vez, mantiene algunos defectos de diseño institucional, que limitan el entusiasmo posible en torno a esta nueva fórmula.

La principal virtud de la propuesta lanzada por el senador y el académico es su respeto por la institucionalidad, al menos en su primer estadio de desarrollo. Se convoca a la convención "sin saltarnos ni burlando las reglas vigentes". Concebida para convocarse en 2018 por el Congreso Pleno elegido bajo el nuevo sistema electoral en 2017, se integraría por 15 senadores, 15 diputados y 30 ciudadanos elegidos por el mismo Congreso Pleno. Los sesenta miembros elaborarían un proyecto de cambio constitucional, el que será sometido a un referéndum ratificatorio.

El compás de prudencia que coloca la propuesta, al remitir el proceso constituyente al Congreso de 2018, es positivo. Los principales reclamos de los promotores de una nueva Carta giran en torno a la legitimidad de las instituciones, y especialmente del Congreso y su sistema binominal, hoy extinto. En 2018 este reclamo habrá perdido todo sustento, al acceder a Valparaíso un nuevo Congreso bajo un sistema electoral que, si bien levanta muchas dudas en cuanto a la estabilidad futura del proceso legislativo, será intensamente proporcional.

Empero, la desaparición del sistema binominal es paradójicamente la misma razón que hace perder sustento a la convención. Si los representantes habrán adquirido plena legitimidad en el Congreso, ¿por qué prescindir de esta institución y su sistema normal de reformas a la carta vigente? ¿Por qué sería necesario apartarla, recurrir al polémico poder constituyente originario, a una inusual convención y a una nueva Constitución?

La propuesta Walker-Zapata no logra fundar bien -al menos en el documento que se conoció- la necesidad de una nueva Carta. Examinando los motivos para esta revisión jurídica integral del país, falta evidencia. Por ejemplo, los llamados a un reconocimiento pluriétnico y a profundizar la descentralización están en curso en sendas reformas constitucionales, perfectamente viables. La invocación de la inviolabilidad de los derechos fundamentales está reiterada suficientemente en el texto actual. La justificación de una nueva Constitución para que "garantice el gobierno de las mayorías" se mueve en el plano de una consigna, sabedores, como somos, de que las leyes de quórum especial pueden flexibilizarse con leves cambios al artículo 66 de la Carta, si fuera el caso. Sugerir -en tanto- que el texto actual instala un gobierno de minorías es desprolijo, en lenguaje más propio de campañas electorales que de una evaluación meditada que conduzca hacia un nuevo orden jurídico.

El principal defecto de la convención parece ser su procedimiento: ¿Cómo quedaría resguardada la opinión de las minorías en esa convención? Sus autores no precisan con qué quórum se elegirían sus 60 miembros. Si es simple mayoría, entonces faltará a la Convención y su eventual producto -la nueva Constitución- su elemento esencial: el tratarse de un pacto político entre mayorías y minorías.