No hay evidencia de que la gratuidad universal sea una política que garantice mejor el acceso y, por tanto, el derecho a la educación superior que una política alternativa de becas y créditos contingentes al ingreso, como la que han ido perfeccionando sucesivos gobiernos en Chile. Incluso esta última parecería ser superior en esta dimensión, toda vez que, por ejemplo, libera recursos para mejorar el acceso de los sectores menos acomodados. Por eso, salvo excepciones, es una política que más bien va en retirada en el mundo entero a través de diversas vías. Si no es mejor en acceso, quedan aún más en evidencia sus costos, entre los que se cuentan la distribución regresiva de estos desembolsos, la imposibilidad de utilizarlos en otros programas públicos de mayor retorno social y la inflexibilidad que supone para el desarrollo de las instituciones de educación superior depender de las decisiones estatales de financiamiento.

Si bien la conveniencia de extender la gratuidad a todos los estudiantes, independientemente de su condición socioeconómica, es ampliamente debatida en el país, hay más acuerdo en que los sectores vulnerables requieren un apoyo decidido que puede traducirse en gratuidad total. Parece razonable que una vez que se acepta este criterio, todos los estudiantes que cumplen con los requisitos socioeconómicos y académicos acordados reciban un tratamiento equivalente. Sin embargo, no es la decisión que ha tomado la autoridad. Ha restringido la gratuidad, que comenzaría para los estudiantes que pertenecen a los hogares que conforman el 60% más vulnerable del país, solo a las 25 universidades que componen el Consejo de Rectores y a un conjunto muy limitado de instituciones técnicas. Argumenta para ello que también las instituciones a las que esos estudiantes asisten deben satisfacer ciertas condiciones que se definirán en un proyecto de ley que será enviado en los próximos meses al Congreso.

Indudablemente, es legítimo que el Gobierno tenga aspiraciones de modificar el marco regulatorio del sistema de educación superior, pero es indefendible que, sin haber avanzado en esta dimensión a pesar de que ha transcurrido un tercio de su mandato, haga una distinción completamente arbitraria para aplicar una política en beneficio de los estudiantes y sus familias. Sobre todo cuando la distinción, en el caso de las universidades, no es más que el año de fundación de la institución. En otras dimensiones más relevantes, la mayoría de las universidades del CRUCh, particularmente las nueve privadas, pero no solo ellas, son indistinguibles de las que están fuera de esa organización. El carácter discriminatorio de esta medida es difícil de justificar en momentos en que el país aspira a crear instituciones y políticas públicas más inclusivas y justas. La apelación a la igualdad a la que ha recurrido el Gobierno para justificar sus políticas se vuelve, en un área tan relevante para la población, en un discurso completamente vacío. Debe recordarse que, de acuerdo con la información que provee la encuesta Casen 2013, menos de un tercio de los estudiantes de los hogares del 60 por ciento más vulnerable asiste a las universidades del CRUCh. El resto está matriculado en las demás instituciones de educación superior y de estas solo unos pocos IP y CFT cumplirían los criterios exigidos por la autoridad educacional.

Para sustentar esta política, la autoridad, además, ha señalado que las instituciones beneficiadas deben congelar su matrícula, aunque no ha aclarado si es la total o la del 60 por ciento más vulnerable. En cualquier circunstancia, es posible imaginar una serie de escenarios donde la combinación de los anuncios lleva a segregación. No deja de ser insólito que, a pesar del tiempo de gobierno transcurrido, se siga insistiendo en políticas mal diseñadas y sin el más mínimo sustento técnico.