Macarena Toro y Javiera Herrera

El próximo año el Gobierno buscará iniciar la gratuidad para el 60% más vulnerable de un grupo de instituciones de educación superior. Por lo pronto, serán todas las universidades del Consejo de Rectores y siete institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT) que no tienen lucro y están acreditados.

Las críticas al anuncio han sido tantas, especialmente por la decisión de dejar fuera a universidades acreditadas solo por no ser del Consejo de Rectores (CRUCh), que hace un par de semanas el ex ministro Nicolás Eyzaguirre se abrió a ampliar el beneficio a más casas de estudio.

Mientras su sucesora, Adriana Delpiano, llega a hacerse cargo de esa promesa, el Ministerio de Educación publicó su informe sobre las becas y créditos a 2014. El documento no solo revela que 642 mil jóvenes cuentan con algún beneficio estatal, sino que la mitad de los alumnos de universidades privadas no tiene apoyo para pagar sus estudios. Esto, en contraste al 70% de los alumnos del CRUCh que sí cuentan con una beca o crédito fiscal.

Las brechas en cobertura también se dan respecto de los IP y CFT, donde casi la mitad de los matriculados deben pagar de su bolsillo el arancel. Esto, pese a que en estos planteles casi dos tercios de los alumnos pertenecen al 60% más vulnerable del país.

Y aunque uno de los factores que explican la diferencia es que en las privadas, CFT e IP hay varias instituciones no acreditadas -lo que quita beneficios del Estado-, para el rector de la U. Mayor, Rubén Covarrubias, hay discriminación.

"Históricamente hemos solicitado dar término a una odiosa discriminación que existe en el sistema de asignación de becas", comenta. "En las becas hay una diferencia notable de monto entre un alumno que estudia en una universidad del CRUCh versus uno que está en una privada. También hay una discrecionalidad odiosa en contra del último estudiante. Se dan casos en que una familia tiene dos hijos (la misma situación socioeconómica) y en una universidad tiene un beneficio mayor en desmedro del otro hermano porque estudia en una privada", agrega.

Según el reporte del Mineduc, las ayudas del Estado solo cubren en promedio el 77% del valor real de la carrera.

Para el vicepresidente del CRUCh, Aldo Valle, la diferencia en el número de beneficiados se explica por otros motivos ligados a calidad. "En el caso de las privadas, la mayor cobertura está dada por el crédito con aval del Estado, pero este exige un mínimo de 475 puntos PSU. Este requisito deja fuera a un porcentaje relevante de los estudiantes de las universidades privadas", afirma y por lo mismo dice que, en el contexto de gratuidad, "no toda oferta o institución debe incorporarse, pues esta debe contribuir a la calidad".

Revisar la medida

Entre los especialistas, la gratuidad tiene diferentes grados de apoyo. Sin embargo, han coincidido en que la forma en que el Mineduc propuso partir debe revisarse porque deja fuera instituciones de calidad y estudiantes vulnerables.

"La promesa de gratuidad es insuficiente para garantizar equidad, porque probablemente el mayor porcentaje de personas de niveles bajos que requieren apoyo para estudiar están en los IP y CFT y ellos se están quedando fuera", dice Ernesto Treviño, de la UDP. Muchas instituciones quedan excluidas por tener fines de lucro -lo que hasta ahora es permitido por ley-, y por eso para Treviño se debería dar una transición a estos planteles para que puedan transformarse en fundaciones.

Lo mismo señala Sylvia Eyzaguirre, del CEP, quien recuerda que para la reforma escolar se dio una gradualidad a los colegios con lucro.

Lo más complejo es la decisión sobre las universidades. "Si no queremos discriminar y queremos ser justos en la entrega de recursos, lo que debiese hacer el Gobierno, si no tiene los recursos suficientes, es bajar el umbral y dar gratuidad por ejemplo al 40% de los alumnos más vulnerables de las universidades acreditadas", señala Eyzaguirre.