Las negociaciones entre el Ministerio de Salud y el Colegio Médico comenzaron el año pasado, pero aún no han podido concluirse en forma satisfactoria, pese a los plazos amenazantes que plantearon los profesionales. Si no se lograba un arreglo antes del 30 de junio, según lo afirmaron, comenzarían las movilizaciones crecientes y las renuncias en masa, pero con ello no alcanzaron su objetivo de encontrar un arreglo satisfactorio a tiempo.

Los planteamientos que se han formulado están centrados en fortalecer la carrera funcionaria y en mejorar la infraestructura en que estos profesionales deben desempeñarse, ambas aspiraciones que requieren de nuevos recursos. Por cierto, ellos afirman que su intención es defender a los enfermos del sistema público, pero la historia de las negociaciones del Colegio Médico no asegura que esas sean las exclusivas intenciones del gremio, pues posiblemente un aumento de sueldo provocaría una gran pérdida de respaldo a las movilizaciones. Tampoco ha sido transparente el apoyo que dicen tener, pues si bien los dirigentes afirman que el 83 por ciento de los profesionales los respalda, han sido cuidadosos en ocultar cuántos votos de los 18 mil médicos que trabajan en el sector público apoyan las ideas de movilización ni menos cuántos estarían dispuestos a renunciar.

La forma de negociar de los dirigentes del Colegio no ha sido la óptima, pues al poner amenazas tan drásticas sobre la mesa no han facilitado la solución de los problemas. Tampoco puede decirse que el Gobierno lo haya hecho mejor, puesto que ha provocado un aumento de expectativas en todos los sectores del ámbito público que ahora no es capaz de satisfacer. Sin embargo, pese a lo anterior, ambas partes debieran llegar a un arreglo equilibrado. Las quejas de los médicos merecen recibir la máxima atención de las autoridades, puesto que son muchos los indicadores que revelan que el sector atraviesa por una profunda crisis. Nadie conoce tan bien como los que trabajan dentro del sistema la magnitud y la trascendencia de esa crisis. Y las autoridades también debieran tener claridad respecto de que existen muchas manifestaciones reveladoras de la importancia que tiene para la población la atención de salud.

El ministro de Hacienda, llamado explícitamente por los médicos a firmar el eventual acuerdo que logren con las autoridades, ha dado muestras de que está claramente consciente de que se ha prometido más de lo que se puede dar. Pero eso no les quita el impulso a los médicos, quienes han insistido en que si los estudiantes o los funcionarios de Aduanas se movilizan, sus demandas se atienden y, por tanto, ellos también deben movilizarse.
Un paro médico resultaría de enorme gravedad para el país, para el Gobierno y para los propios médicos. Pero los que más sufrirían serían los enfermos, quienes serían utilizados para conseguir mejores condiciones salariales para los profesionales. De ahí que algunos destacados facultativos han sostenido que jamás se puede justificar una huelga médica. Por el momento, el gremio espera una última propuesta de las autoridades, para someterla a votación del Consejo General de la Orden durante los primeros días de julio.

El sector público de salud siempre estará expuesto a esta clase de problemas, pues la provisión de recursos depende, dentro de ciertos márgenes, de la presión que logren ejercer los interesados sobre los gobiernos. Más aún, su administración dista del óptimo, como lo prueban las inmensas deudas y las largas listas de espera, todo lo cual ha hecho que muchos profesionales prefieran otras opciones para desarrollar sus carreras. La tarea de la ministra no será fácil, pues debe armonizar razonables peticiones de los profesionales con la dura realidad de los presupuestos.