Señor Director:

El señor Francisco Javier Gil solidariza y comprende a quienes "sufren ante la incertidumbre y los temores que genera la gratuidad universitaria", y por eso llama a la prudencia en su implementación. Fue precisamente el sentido de la reciente columna, de la cual soy coautor, "La resbalosa pendiente de la gratuidad" (30 de junio).

Tengo la firme convicción de que es un imperativo hacer todos los esfuerzos para que ningún joven chileno quede al margen de la educación superior por motivos económicos. Ha sido el empeño puesto por nuestra universidad de manera permanente, y, en consecuencia, reducir las barreras económicas para el acceso es un anhelo compartido por todos, no solo por aquellos que menosprecian los medios para hacerlo y de paso se arrogan una superioridad moral para criticar a quienes se atreven a poner cautela y prevenir sobre los efectos de hacer mal las cosas.

 al postergar la aspiración de entregar a las familias chilenas de escasos recursos una educación de calidad.

Le quiero decir al señor Gil que no hay desesperanza cuando se tiene fe de que es posible conjugar loables objetivos, como la opción preferencial por los pobres, con políticas públicas de un Estado que, como ha dicho el Papa Francisco en "Laudato Si", debe cumplir "su rol subsidiario" y ser promotor de la "libertad para el desarrollo de las capacidades presentes en todos los niveles"; un Estado que "planifica, coordina, vigila y sanciona dentro de su propio ámbito".

Una gratuidad invasiva y mal diseñada por parte del Estado, y, peor aún, regresiva si se extiende a los ricos, no puede ser buena para el país. Y no hay temor de decirlo públicamente.

Carlos Williamson B.
Profesor titular Pontificia Universidad Católica de Chile