Enterada ya una década del nuevo sistema de justicia penal, sus ventajas son claras en cuanto a transparencia, menor duración de los juicios y tasas de condena en los casos que llegan a esa instancia. Sin embargo, los perfeccionamientos que urge introducirle se han hecho más que evidentes. Entrevistados ocho fiscales de la Región Metropolitana, sus diagnósticos exigen una pronta acción de los poderes públicos -Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a la par- y demás órganos competentes, autónomos o no -Ministerio Público y policías, básicamente-. Desde luego, resalta una muy deficiente coordinación entre todos ellos.

Por ejemplo, reconocen los fiscales que los delincuentes les llevan la delantera en tecnología, y advierten que no pueden emplear en sus investigaciones la que sí hay disponible, pues no tienen certeza jurídica de que los jueces vayan a considerar válida la prueba obtenida por su intermedio. La instancia prevista para eso, la Comisión Coordinadora, no ha sido empleada eficazmente por los ministros de Justicia, y solo cabe esperar que sí lo sea por la recientemente designada, que la ha citado para este mes. Muchas incomunicaciones podrían haberse corregido si hubiese operado como se previó.

Reclaman asimismo los fiscales por un aprendizaje que deben hacer en la práctica, sin formación previa en un ente equivalente a la Academia Judicial. El punto es válido -aunque tal escuela no existe en los demás países que han adoptado este sistema, siendo de notar que no pocos de los fiscales son cargos de generación electoral-, y sorprende que eso no se haya resuelto tempranamente, apelando a la experiencia docente internacional disponible. Esa iniciativa sería mucho más determinante que el empeño en constituir una carrera funcionaria volcada a intereses corporativos, pero sin vínculo con la eficacia de la persecución penal.

Recuerdan los fiscales que constitucionalmente no tienen ellos responsabilidades en el orden o la seguridad pública, que competen a las policías, dependientes del Ejecutivo, sino en la administración de justicia, una vez cometido el delito, cuando es preciso investigar. Es efectivo, pero los sucesivos gobiernos, las policías y el propio Ministerio Público no lo han clarificado a la ciudadanía, y, desde luego, el acontecer criminal actual exige perseguir los delitos conexos y las bandas con una misma unidad de acción.

Algunos fiscales observan que los jueces tienen distintas visiones en cuanto a estándares de exigencia como valor probatorio, y eso incide en sus propias actuaciones como investigadores. Es efectivo, pero el Poder Judicial tiene herramientas como los autos acordados para establecer criterios generales uniformes a muchos respectos, y los colegisladores pueden corregir por la vía legal aquello que notoriamente lo requiera para que todos los intervinientes y la ciudadanía tengan certidumbre en esta materia. Es inaceptable que una conducción en estado de ebriedad reciba un tratamiento judicial distinto según el lado de la calle en que se detectó, como lo ha hecho ver un fiscal. Las garantías del procesado son indispensables, pero deben ser iguales para todos. Incluso, habiéndose adoptado el proceso oral de origen anglosajón, parece razonable evaluar en nuestro ordenamiento otro elemento principal de ese sistema, cual es el valor del precedente judicial.

En todo caso, la población no puede entender que el historial de una persona no tenga debida ponderación, ni que la información de que dispone un órgano no esté automática y obligatoriamente disponible para todo el sistema. Hace 20 años que se anuncia de forma periódica una base unificada de datos delictivos -el más reciente anuncio, por el anterior ministro del Interior, fijó el plazo de su inicio antes del 31 de diciembre pasado, pero eso no se ha realizado-. En el cuadro delictivo actual, eso es injustificable.

Las reuniones del Consejo de Seguridad Pública en Interior y de la Comisión Coordinadora en Justicia son señales positivas. Pero es hora de ir más allá, de mostrar frutos concretos, por modestos que ellos sean inicialmente.