La Asociación Nacional de la Prensa ha expresado la profunda preocupación ante la iniciativa sobre Responsabilidad Extendida del Productor (REP) del Ministerio del Medio Ambiente, que, con el fin de aumentar el reciclaje en Chile -algo en sí positivo-, establece un sistema obligatorio de gestión de residuos respecto de diarios, periódicos y revistas, previendo resoluciones administrativas y sanciones que afectarían gravísimamente la libertad de expresión y de prensa. La iniciativa legal busca responsabilizar al productor de ciertos bienes -tales como neumáticos, baterías, aceites y similares, muy contaminantes- por el destino final de los mismos, de manera de fomentar el desarrollo de una cadena de reciclaje de esos elementos tras su vida útil.

La inclusión de la prensa en este proyecto de ley que se tramita en el Senado se habría resuelto a partir de parámetros preestablecidos; en este caso, productos que generarían alto volumen de residuos a nivel domiciliario, pero el Ministerio del Medio Ambiente carecería de estudios locales que avalen esta inclusión. Se desconoce así la realidad de la verdadera industria del reciclaje que existe en torno al papel y los esfuerzos realizados por la prensa para contar con materias primas biodegradables, como tintas de procedencia vegetal.

La iniciativa legal facultaría a la autoridad ambiental a fijar cuotas de recolección y reciclaje de toneladas de papel a lo largo de Chile para cada empresa editora de diarios o revistas. Su incumplimiento acarrearía fuertes sanciones económicas e incluso la Superintendencia del Medio Ambiente podría decretar la prohibición de venta de un diario, periódico o revista, mientras no cumpla las metas de reciclaje que fije el ministerio del ramo. Asimismo, tal como advierte el Presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, por primera vez en nuestra legislación, que desde 1812 garantiza la libertad de prensa, se requerirá autorización previa del Ministerio del Medio Ambiente para vender un diario, periódico o revista en Chile. En los hechos, esto significa una suerte de censura previa que transgrede la garantía constitucional del artículo 19, número 12.

Sería esta la herramienta perfecta para que cualquier gobierno asfixie la libertad de información y de opinión: tales multas serían impagables por muchas empresas periodísticas, o paralizarían la edición de una publicación. En organizaciones internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa y la Asociación Mundial de Periódicos inquieta los alcances de esta iniciativa del Gobierno chileno. Otros países que utilizan el sistema de Responsabilidad Extendida del Productor, como Alemania, Austria, Francia y Holanda, no incluyen a diarios, periódicos y revistas en estas regulaciones.

El ministro del Medio Ambiente ha declarado que el Gobierno no tiene intención de afectar a la libertad de prensa. No hay antecedentes para dudar de que la iniciativa responde al deseo compartido de fortalecer la protección del medio ambiente, pero en su elaboración técnica parece no haberse advertido el riesgo que envuelve para el ejercicio de la libertad de expresión. Esta materia no puede en modo alguno quedar sujeta a la mera buena voluntad gubernamental: estos derechos básicos deben estar inequívocamente protegidos contra el arbitrio administrativo.