En estos días se celebran los 800 años de la Carta Magna, el documento que estableció que "ningún hombre libre será apresado o encarcelado (...) excepto por el juicio legal de sus pares o por la ley de la tierra", sentencia que es la antecesora del concepto que define a las sociedades libres contemporáneas y a las democracias modernas: "Todas las personas son iguales ante la ley, y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley", incorporada a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. El corporativismo, caracterizado por el trato privilegiado o especial que reciben ciertos grupos de poder en su interacción con la autoridad, es una forma de violar ese crucial principio.

Una serie de hechos que han estado ocurriendo en nuestro país en el último tiempo parecen indicar la aparición de preocupantes síntomas de corporativismo. Uno de los casos emblemáticos que lo ilustra es el trato que recibe el Colegio de Profesores en la tramitación de las leyes que definen el marco educativo, en particular en la actual elaboración y discusión de la reforma al Estatuto Docente. Este no solo mantiene un paro que va a completar un mes sin que tenga consecuencia significativa alguna en los contratos laborales de sus asociados, a pesar del inmenso daño que les provoca a los alumnos, sino que también ha logrado extraer de la autoridad una serie de concesiones que los pone en situación de privilegio respecto del resto de los trabajadores del país. ¿Por qué es el Colegio de Profesores el que debe definir con la autoridad lo que le conviene al país en materia educativa si este negocia claramente solo en función de los intereses de sus asociados? La reciente evaluación practicada a los profesores arrojó que uno de cada mil profesores está en el nivel "destacado"; en cambio, en la autoevaluación hecha por ellos mismos, 887 de cada mil se asignaron el nivel "destacado".

Algo similar ocurre con la reforma laboral. La CUT ha tenido una posición privilegiada en la discusión de los elementos que se deben incorporar a dicha reforma, como los ya aprobados en la Cámara de Diputados, y amenaza con extensas movilizaciones en caso de que ellas se modifiquen en el Senado. No por eso deberían ser las organizaciones de empleadores las que deban imponer sus condiciones en dicha ley. El trato especial con que se aplica la ley en materia de seguridad en la Región de La Araucanía en el marco del conflicto mapuche tampoco corresponde a un trato igualitario. El interés del país como un todo y el trato igualitario es lo que debería guiar a legisladores y jueces de manera permanente.

Estos ejemplos deben llamar la atención de la ciudadanía, para que los síntomas de corporativismo que ellos muestran sean erradicados de nuestras prácticas futuras y no sigan amenazando la igualdad ante la ley.