Después de una larga incertidumbre, el gobierno de Maduro ha decidido llamar a elecciones para renovar la Asamblea Nacional de Venezuela, el próximo 6 de diciembre. La convocatoria permitió el término de las huelgas de hambre de cerca de un centenar de presos políticos liderados por el dirigente opositor Leopoldo López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Los prisioneros han estado recibiendo crecientes niveles de solidaridad, en el exterior e internamente.

Interesante fue la afirmación de la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que, al referirse a la prisión sin plazos de López y de otros, hizo notar que en su país no se detiene a quienes sean opositores. Contrariamente, algunos Gobiernos que proclaman su respeto a los derechos humanos, como el de Chile, evitan pronunciarse acerca de las violaciones a esos principios en Venezuela, a pesar de las denuncias de ex presidentes y parlamentarios.

El llamado a unas elecciones que podrían culminar en una derrota puede entenderse como un afán para mantener cierta legitimidad que ayude a captar financiamientos para hacer frente al servicio de la deuda externa y la importación de alimentos.

Otros observadores creen ver en el anuncio cierta relación con un inesperado encuentro ocurrido en Haití entre Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, y el consejero del Departamento de Estado Thomas Shannon, tendiente a mejorar las deterioradas relaciones bilaterales.

Si las tesis anteriores son correctas, podría tratarse entonces de negociaciones por las cuales Maduro y su entorno aceptarían la celebración de elecciones, con el riesgo de perderlas, a cambio de promesas financieras urgentes y de un mejor trato de sus opositores y de Estados Unidos en un eventual gobierno opositor.

Según encuestas de DataCorp, el 74% de los venezolanos considera que la situación política y económica del país es mala o pésima, un 45% se declara más cercano a la oposición y un 22% apoya al gobierno.

La unidad opositora, el desabastecimiento, los abusos de poder y, especialmente, una inflación que se acerca a los tres dígitos, permitirían al Movimiento de Unidad Democrática vencer en las elecciones del 6 de diciembre. Están los temores de que el régimen venezolano recurra a maniobras, como en la anterior parlamentaria del 2010, cuando modificó en su favor las circunscripciones electorales, o en las presidenciales del 2013, en que Maduro venció por escasa diferencia a Capriles, prometiendo ante las protestas un nuevo escrutinio que nunca se efectuó.

La presencia en los comicios de observadores internacionales de la OEA, de la Unión Europea y de otros organismos es exigida por la oposición. No obstante, el Consejo Electoral controlado por el gobierno manifiesta que solo se invitará a observadores de Unasur, los que no suscitan confianza y cuyo secretario general ha mostrado gran tolerancia ante los abusos del régimen.

Otras de las opiniones señalan que, a fin de exaltar el patriotismo de los venezolanos y asegurar así un voto favorable, el gobierno de Maduro planearía una "fuga hacia adelante", como la del general Galtieri en el caso de Malvinas, exacerbando las controversias limítrofes con Colombia y Guyana, para luego ocupar el territorio vecino de Esequibo, perteneciente a Guyana: una operación que no tendría mayores dificultades, pues Guyana carece de medios bélicos y la República Bolivariana contaría con el respaldo del ALBA, de algunos miembros de Unasur y posiblemente de China y Rusia.

Difícil epílogo del mandato peruano

El Presidente Humala, abrumado por la impopularidad y por la desaceleración económica, enfrenta el término de su mandato con elecciones presidenciales y del Congreso en los próximos trece meses. Esta sería una de las razones para que tensionara las relaciones con Chile, lo que justificó la cancelación por la Presidenta Bachelet de una cita bilateral previa a la Cumbre de la Alianza del Pacífico en Perú, esta semana.

Un ex ministro de Economía peruano califica la situación de "marasmo económico" por indecisiones del Presidente, que incluyen la paralización de dos grandes proyectos mineros, Conga y Tía María, previamente aprobados por su administración.

La inseguridad pública es un tema que causa mayor inquietud. Su directa relación con el tráfico de drogas y la inefectividad ante la delincuencia han hecho desaparecer la imagen de militar enérgico que contribuyó a la elección del Presidente. A partir del año 2012 Perú ha superado a Colombia como el primer productor mundial de cocaína, lo que es un serio peligro para la seguridad y la frontera con Chile.

Nuevas denuncias de corrupción apuntan al Primer Mandatario y a su cónyuge, Nadine Heredia, líder del Partido Nacionalista gobernante, a la que muchos sindican como la real detentadora del poder. Han salido a la luz pública revelaciones de aportes procedentes de Venezuela para las campañas de Humala, mezclándose gastos suntuarios de la Primera Dama con recursos de ese origen y con la participación de familiares suyos en el uso de esos fondos, incluida la adquisición de una propiedad por su madre.

Diferentes encuestas registran apenas 15% o 17% de apoyo al mandatario, superando el rechazo en los momentos más críticos de los ex presidentes Toledo y García.

El gobierno de Humala ha perdido el control del Congreso por la deserción de parlamentarios antes aliados, dando margen a la elección de un opositor para presidir el Legislativo. Si ello ocurre, la administración Humala puede enfrentar serias investigaciones y formidables obstáculos para concluir ordenadamente su mandato.

Todo ocurre mientras en el país se ha desencadenado la campaña presidencial y parlamentaria, en la que vuelven a aparecer figuras ya conocidas como las de los ex presidentes García y Toledo, el ex ministro Kuczynski y Keiko Fujimori.