El descubrimiento de pagos a parlamentarios o sus colaboradores de parte de una empresa pesquera ha causado impacto en la opinión pública, porque en algunos casos los pagos son anteriores a las campañas y corresponden al período en que se discutió y aprobó la Ley de Pesca.

Esta ley, que en muchos aspectos técnicos es un avance respecto de la anterior legislación, ha sido cuestionada. En parte, por los constantes conflictos entre pescadores artesanales e industriales debido a las fracciones de cuota asignadas a cada uno, aunque el mayor reparo está en haber renunciado a la licitación de las cuotas individuales de pesca.

Entre sus aspectos positivos, la nueva ley les dio poder a los comités científicos para determinar medidas de conservación del recurso pesquero. Sin embargo, al mismo tiempo, debilita su accionar al permitir que los comités de manejo, dominados por pescadores artesanales e industriales, puedan modificar sus propuestas. La ley asigna con exclusividad la primera milla de la costa a los pescadores de caleta (botes de menos de 12 metros de eslora y sin cubierta), pero neutraliza esta medida permitiendo que, con ciertas restricciones, los artesanales de mayor tamaño puedan ingresar a esta zona exclusiva. Se debe recordar que en las siguientes cuatro millas solo los pescadores de caleta y artesanales tienen acceso al recurso, con exclusión de la pesca industrial. Varios otros aspectos de esta ley tienen este mismo desarrollo: se hace una buena propuesta, la que, no obstante, es seguida por un inciso que debilita su efecto o la contradice.

Otro ejemplo son las cuotas individuales transables de pesca. Estas son eficientes al evitar la "carrera olímpica" del pasado, en que los pesqueros industriales competían por pescar la mayor parte de cuota global asignada a un recurso. Aunque las cuotas tienen duración limitada, son renovables en forma casi automática. Esto significa que se entrega un derecho de propiedad sobre el recurso a la pesca industrial. Lo natural habría sido que una fracción significativa de las cuotas hubiese sido licitada entre los interesados, y no simplemente asignada. El proyecto original proponía licitar el 50% de las cuotas, dándole legitimidad a esta regulación. La fuerte oposición de los pesqueros industriales llevó a que finalmente se entregaran las cuotas sin licitación. Solo bajo condiciones difíciles de cumplir podría haber licitaciones en el futuro, por una fracción pequeña de los recursos.

Si a lo anterior se suman las denuncias sobre pagos a legisladores por parte de una de las principales empresas del sector, durante el período de tramitación de la ley, se entiende la fuerza con que revivieron los referidos cuestionamientos. Con todo, el subsecretario de Pesca ha hecho ver la inviabilidad de derogar esta ley y la grave desprotección que acarrearía eso para los recursos pesqueros.

Es lamentable que una legislación de importancia económica y social de sólidos rasgos técnicos haya terminado erosionada por la presión de los grupos de interés -pescadores artesanales e industriales- y por la desprolijidad personal de parlamentarios con intereses en el sector y otros cuya actuación se ha conocido más recientemente y cuyo real alcance legal deberá establecer la justicia.