Llama la atención el hecho de que, en una escala de 1 a 7, el Ministerio Público evalúe con nota máxima a casi la mitad de sus 660 fiscales. Además, solo 5 (menos de 1%) tienen calificaciones inferiores a 6, y la peor nota es un 5,2. Según los sondeos conocidos, esta autoevaluación difiere en grado notorio de la percepción pública de su desempeño, comprensiblemente determinada por sus logros frente a la delincuencia en el país -especialmente en delitos contra la propiedad- y, además, frente a sus malos resultados respecto de la violencia creciente en La Araucanía.

El Ministerio Público puede rebatir tales percepciones invocando las cifras de condenas obtenidas en los casos delictivos de que se hace cargo -superiores a las del antiguo sistema-, y de sus tiempos de zanjamiento procesal -sustancialmente abreviados respecto de aquel-. Tiene razón en ambos puntos, pero el ciudadano común recordará, a su vez, los altísimos niveles de archivo de causas por los fiscales -cuyos motivos la población mal puede asimilar- y, en todo caso, ha olvidado ya casi del todo el antiguo sistema: 15 años después de iniciado el nuevo, y cerca de enterarse una década desde su entrada en vigor en la Región Metropolitana (el 16 de junio en curso), querría ver frutos macizos del mismo, medibles en seguridad pública, pero no los observa. En ese marco, estas generosas calificaciones previsiblemente solo darán pie a incredulidad e irritación.

Esto último queda bien resumido en las palabras del decano de Derecho de la U. Diego Portales, Juan Enrique Vargas, conceptualmente uno de los creadores de la reforma procesal penal: "Cuando se diseñó el sistema, se pensó que (...) iba a poder premiarse a los mejores. Simplemente, por estadística, es imposible que en una institución con esos volúmenes todos tengan la mejor calificación, si es que no se ha renunciado al sistema, algo que creo que en la práctica ha venido sucediendo". Y tanto él como otras voces hacen ver el incentivo a la distorsión que significaría una potencial incidencia de las notas en la obtención de bonos de desempeño.

Todo lo anterior ratifica la inconveniencia de que se estatuya una "carrera funcionaria" en el Ministerio Público. La experiencia observable en los demás entes estatales -con la importante excepción del Poder Judicial, que a este respecto ha tenido importantes rectificaciones en años recientes- hace temer que eso reforzaría la tendencia al establecimiento de calificaciones autocomplacientes, por una distorsionada solidaridad gremial.

Asimismo, parece haber un problema de diseño estructural del Ministerio Público que tal vez convendría corregir: para mejor evitar su politización, se lo excluyó de la fiscalización por la vía general de la Cámara de Diputados, función que, gruesamente, se desplazó a la Corte Suprema. Pero, en realidad, a esta no le es natural esa responsabilidad, por lo que sería del caso evaluar la aplicación a los fiscales del régimen general para las demás autoridades, lo que algunas voces ya han planteado.

En todo caso, el Ministerio Público expresa una modernización que no necesita mirar al pasado de otras instituciones. Si las autoevaluaciones de otros órganos públicos resultan tan debatibles -también con elevados porcentajes de nota máxima en todos los niveles-, una institución joven, técnicamente sólida y abierta a las innovaciones bien podría buscar otras fórmulas. La evaluación por una instancia externa, bastante común en el sector privado, es la más obvia, y sus resultados constituyen además un buen insumo para abordar las áreas a fortalecer dentro del Ministerio Público.