Señor Director:

La próxima semana la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados comenzará la votación particular del proyecto que busca reformar la ley de libre competencia. Se trata de un buen proyecto, necesario y muy oportuno. En ese contexto, el Colegio de Abogados de Chile A.G. envió un informe realizado por una comisión integrada por más de 50 especialistas provenientes de distintos ámbitos, en que se analizan los puntos más importantes de la iniciativa legal.

Posiblemente una de las materias del proyecto de ley que más debate han suscitado es la conveniencia de criminalizar la colusión. Existe consenso en la necesidad de sancionar duramente los carteles, con penas que cumplan con el doble objetivo de castigar y de disuadir, para que no se sigan ejecutando las mismas conductas en el futuro. Claramente la cárcel siempre será el disuasivo más potente, pero en este caso la mayoría de la comisión opina que es ineficiente y, además, innecesaria.

Es ineficiente porque la criminalización desincentivaría la delación compensada, que ha funcionado como una herramienta muy efectiva en la detección y disuasión de carteles. Nadie va a estar dispuesto a delatar para eximirse de una multa, pero con el riesgo de irse preso. Además, surgiría para los integrantes de los carteles la facultad de no aportar antecedentes ni colaborar con las investigaciones que haga la Fiscalía Nacional Económica, acogiéndose al derecho a no autoincriminarse que asegura la Constitución a todas las personas.

Adicionalmente, hacer funcionar en paralelo dos procedimientos (de libre competencia y penal) no solo es un gasto innecesario de los recursos del Estado, sino que, además, puede llevar a resultados contradictorios. No debemos olvidar que el estándar de prueba en materia penal es muy diferente al de libre competencia. En este sentido, hay que tener presente que en nuestro país el diseño institucional es bastante particular y muy distinto al de los países que se tuvo a la vista para proponer la criminalización (en Chile existe una Fiscalía Nacional Económica que investiga y acusa, y un Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que conoce y resuelve).

Por otra parte, la cárcel en este caso es además innecesaria porque existen sanciones en la ley actual que producen un fuerte efecto disuasivo y sancionatorio, las que hasta ahora prácticamente no se han utilizado. Me refiero a la aplicación de multas altas para personas naturales, las que en más de 10 años han sido solicitadas solo un par de veces y por montos bastante bajos. Si se aplican dichas multas con rigor, indudablemente se generará un efecto disuasivo similar al que se está buscando con la cárcel, pero sin los costos ni las desventajas asociadas a ella.

Julio Pellegrini Vial
Presidente de la Comisión de Libre Competencia Colegio de Abogados de Chile A.G.