¿Seguirán los miembros de la Nueva Mayoría y el Gobierno con el alma en un hilo, temiendo que cada nueva revelación de Martelli o de cualquier otro los envuelva o los salpique?

Es de esperar que no.

Pero para eso es indispensable reconocer de una vez lo obvio: los políticos profesionales (Peñailillo es el ejemplo paradigmático) debían pagar sus obligaciones alimentarias y para eso remunerarse de algún modo (si bien Jaime Guzmán creía en la existencia de seres angélicos que carecen de necesidades, es de esperar que nuestros políticos no). ¿De dónde obtenían el dinero? Ya se sabe, pero con estúpida persistencia se sigue negando: de las empresas.

A diferencia de quienes donan su tiempo a la política (v.gr. quienes integraron comisiones programáticas), los políticos profesionales (Weber los definió de manera inmejorable como quienes viven de la política y para la política) se pagan con ella. Para eso organizan una empresa (este es el caso de la que conducía Martelli) cuya única tarea es colectar los fondos que se han reunido de múltiples donantes. Para incorporar los fondos donados a la empresa se emiten facturas y así la empresa donante oculta la donación, o la descuenta de su base impositiva, o ambas cosas.

De esa manera todos ganan. Los políticos profesionales tienen con qué vivir; las empresas adquieren un vínculo hacia los que tendrán en sus manos el poder; la sociedad se alimenta con ideas acerca del manejo del Estado. El mecanismo no es raro en la experiencia comparada (los political action committees de la política norteamericana son distintos, pero cumplen una función parecida).

¿Se han cometido delitos?

No necesariamente.

Un grupo de personas tiene derecho a dedicarse a promover ideas y otro grupo, si quiere, a financiarlas mediante una donación e incluso a disfrazar a esta última. En la relación entre ambos no se comete delito alguno mientras el donante no exija decisiones a cambio (si lo hiciera, habría soborno), o el político se comprometa a adoptar una decisión (si lo hiciera, habría cohecho). Pero salvados los casos de soborno o cohecho, en la relación entre donante y donatario no hay delito alguno.

Otra cosa es lo que ocurre con el destino de las facturas. Si se declaran como gasto para producir la renta, hay rebaja de la base impositiva y perjuicio fiscal. Si en cambio se dejan como constancia de un bien que simplemente se compró (un informe cualquiera) y no hay perjuicio fiscal es difícil sostener que exista también un delito.

¿Cuál es, entonces, la grave amenaza que parece latir en las declaraciones de Martelli?

No es penal, es política.

Pero, como suele ocurrir, en política se trata de un peligro que es consecuencia de las propias acciones u omisiones de quienes hoy día aguantan la respiración cada vez que escuchan el nombre de Martelli. Porque el problema en este caso es el esmerado ocultamiento que se ha hecho de estas relaciones, procurando una y otra vez o que ellas no existen (fue el caso de Peñailillo), o que carecieron de relevancia propiamente política (es el caso de quienes niegan lo que se ha llamado precampaña); o que esas relaciones aún saltando a la vista de todos, solo no fueron advertidas por la Presidenta (que es lo que ahora se dice).

Todas esas explicaciones no convierten a la política en una actividad corrupta sino que arriesgan transformarla -lo que quizá sea peor- en una actividad cantinflesca, con ribetes payasos, en un quehacer que consiste en inventar explicaciones altisonantes que sustituyen la falta de verdad por la abundancia de palabras y de giros que acaban subrayando lo que, torpemente, se pretende ocultar.

El problema que se está enfrentando con el caso Martelli, entonces, no está relacionado tanto con el valor de la justicia como con la importancia de la verdad en política. Aristóteles definía la verdad de una forma enrevesada pero inmejorable: decir de lo que es, que es, es verdadero; decir de lo que no es, que es, es falso. Traduciendo el asunto a la política de hoy: decir que no hubo precampaña cuando se voceaba el nombre de Bachelet y se preparaba un programa, es falso; declarar que quienes se pagaban con boletas de la empresa de Martelli prestaban servicios independientes, es falso; insistir en que la Presidenta nada sabía ni nada pudo saber es, también, falso.

En todos esos casos se dice de lo que es, que no es. Se niega la verdad que salta a la vista de todos.

Y ese sí que es un problema.