A diez meses del robo del siglo en el aeropuerto de Santiago, el asalto y robo en el terminal aéreo de Valdivia reabre el debate sobre el verdadero nivel de seguridad de estas instalaciones en el país.

En la madrugada del día miércoles, tres hombres encapuchados y armados habrían irrumpido en ese terminal de pasajeros en momentos en que las instalaciones estaban cerradas y sin público.

Según versiones, los atacantes dispararon al aire para amedrentar al personal que se hallaba en el recinto, que al parecer consistía apenas en dos cabos de la FACh. Estos eran funcionarios de apoyo para los tres helicópteros que la Fuerza Aérea envió a Valdivia con motivo de la visita que la Presidenta Bachelet realizaría al día siguiente a la zona.

Los cabos de la FACh no estaban armados porque a los funcionarios de la institución les estaría prohibido legalmente portar armas fuera de los recintos de aquella, y Pichoy es un aeródromo civil. En esas circunstancias, fueron maniatados por sus agresores, quienes procedieron a forzar las cajas fuertes de las oficinas y a llevarse un par de millones de pesos.

Más allá del curso de la investigación policial y judicial, este nuevo hecho delictual deja al descubierto el precario nivel de seguridad con que siguen operando los aeropuertos civiles, supervisados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), organismo dependiente del Ministerio de Defensa.

El aeropuerto de Valdivia ya había sufrido en 2013 un "alunizaje", en el que delincuentes rompieron una parte de los ventanales del terminal para llevarse un cajero automático. Tomando en cuenta esta circunstancia, y la expectativa generada luego del millonario robo en el aeropuerto de Santiago de una revisión por parte de la DGAC de los niveles de seguridad de estas instalaciones en el país, es desconcertante que ni siquiera la presencia de los helicópteros que usaría la comitiva presidencial se tradujera en un dispositivo de custodia más estricto. Los trascendidos de que la seguridad de esas aeronaves no habría estado en juego, pues habría habido personal de la FACh trabajando en ellas, no parece consistente con los hechos conocidos hasta ahora.

El director de la DGAC aclaró que en consideración a la escasa frecuencia diaria de los vuelos que usan ese terminal, el dispositivo de seguridad, cuyo detalle se ignora, se sujeta al horario de atención de las oficinas. El reconocimiento de esa autoridad es valioso, porque puede ser el primer paso para avanzar en resolver una situación que parece a todas luces incomprensible. Muchas empresas privadas con maquinarias y materiales menos delicados y valiosos que los existentes en cualquier aeropuerto cuentan con un sistema de guardias y alarmas propios. Los hechos conocidos hasta ahora vuelven a poner en tela de juicio las medidas de seguridad de los aeropuertos, pese a los anuncios de la DGAC de mayor personal e inversión en esa materia.