Javiera Herrera

Era una de las preguntas que más plantearon las autoridades universitarias tras los anuncios del 21 de mayo. Y ayer en radio Cooperativa, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, profundizó en los motivos por los cuales decidió iniciar la gratuidad real para el 60% de los alumnos más vulnerables solo si van a institutos y centros de formación técnica acreditados y sin lucro, o a las 25 universidades del Consejo de Rectores (CRUCh).

Dijo que se trata de una medida temporal hasta cubrir -en 2018- a todas las instituciones que cumplan con ciertos criterios fijados por el Estado.

Según Eyzaguirre, partir con un subconjunto -lo que beneficiaría a unos 265 mil jóvenes- obedece, en parte, a un tema de recursos: "La reforma tributaria va recaudando de manera gradual (...). Todavía no tenemos todos los recursos para llegar al compromiso de la Presidenta".

Detalló que era lógico incluir a las 16 universidades estatales porque "son controladas, no tienen lucro, tienen aranceles bastante parecidos a los de referencia, tienen a la Contraloría encima, y son un deber del Estado". Acto seguido, indicó que, como "creemos en la provisión mixta", se incluyó a las universidades no estatales que están en el CRUCh.

Y entre los factores que primaron allí, detalló Eyzaguirre, estuvo que la brecha entre el arancel real y el que cubre el Mineduc es cercano a los $700 mil, mientras que en las universidades privadas esta diferencia bordearía los $1,5 millones, "entonces la brecha a cubrir, y por tanto el costo fiscal, es mucho más alto. (...) Si estás con recursos limitados tenías que partir por aquella donde es más fácil cubrir las brechas".

Otro motivo fue que ninguna universidad del CRUCh "ha tenido problemas de investigación por eventual lucro o por falta de sustentabilidad de sus carreras, y no tienen esta figura de las sociedades espejo, que muchas privadas todavía tienen".

Propuesta

En una columna publicada ayer en "El Mercurio", el rector de la U. Diego Portales, Carlos Peña, criticó el anuncio presidencial de gratuidad, señalando que es "injusto".

En cambio, propuso establecer un fondo de becas para los estudiantes de las universidades creadas después de 1981, "a condición de que estas últimas manifiesten formalmente un conjunto de criterios básicos, en materia de gobierno, rendición de cuentas y propiedad, que podrían adelantar los de la reforma definitiva".

Eyzaguirre señaló que esto es "una buena contribución" y que los criterios que plantean "no son arbitrarios, son transitorios, y luego viene la regulación".

A pesar de esta postura, la idea de Peña tuvo una acogida dispar entre los rectores.

El rector de la U. de los Andes, José Antonio Guzmán, señaló que "me parece una muy buena idea; no obstante, si hablamos de criterios o estándares para acceder a ellas, estos deben ser claros y definidos de forma precisa". Afirmó que hoy estos criterios "están definidos por las exigencias de acreditación y la supervisión del Mineduc. Y es posible plantear exigencias adicionales, pero fruto de un análisis y enmarcadas en los instrumentos legales y de regulación".

El rector de la U. Andrés Bello, José Rodríguez, sostuvo que lo planteado por Peña "es una salida alternativa a una mala política y en principio no estoy de acuerdo con generar mecanismos anexos para arreglar algo que está mal concebido de raíz". A su juicio, la política anunciada "es una discriminación arbitraria para los estudiantes que está basada en criterios ideológicos", y añade que "si los recursos no alcanzan, que es algo esperable en una política de este tipo, el criterio de la autoridad debiera enfocarse en quienes más lo necesitan, siempre y cuando estudien en instituciones debidamente acreditadas".

En esa misma línea, el rector de la U. Mayor, Rubén Covarrubias, dijo que el fondo propuesto "sigue planteando una diseminación y no me parece que sea un mecanismo aceptable". El punto fue secundado por Rafael Rossel, rector de la U. Central, quien enfatizó que no se deberían hacer diferencias entre los planteles privados según el año de su creación, sino que se debería considerar la acreditación.

El presidente del Consorcio de Universidades Privadas y rector de la U. Santo Tomás, Jaime Vatter, indicó que habría esperado que antes del compromiso presidencial se hubiera generado un proyecto de ley sobre gratuidad, "se hubiera discutido en el Congreso y así hubiéramos sabido cuáles son las condiciones, a esto nos tenemos que atener y nos acomodamos a las nuevas exigencias".