La bullada investigación sobre las infracciones tributarias cometidas en el financiamiento de las campañas -y precampañas- políticas ha terminado por poner en entredicho a una institución tan importante como el Servicio de Impuestos Internos (SII). Con urgencia, el nuevo timonel del equipo económico de gobierno, el ministro Rodrigo Valdés, y quien asuma la dirección del servicio, deberán abocarse a restablecer la imagen de independencia, profesionalismo y competencia de la que justificadamente ha gozado dicho organismo.

Ya un primer indicio de la tempestad que se cernía sobre el SII se evidenció durante el gobierno anterior, a propósito de la condonación parcial de la deuda tributaria de una empresa del sector comercio, la que fue objeto de intensa polémica política -incluyendo investigaciones parlamentarias-, motivada por la sospecha de corrupción. Luego vino la detección de un grupo de funcionarios coludidos para obtener devoluciones fraudulentas de impuestos, cuya investigación desembocó imprevistamente en los ilícitos por los que se investiga al grupo empresarial Penta, algunos de los cuales habrían favorecido a políticos de centroderecha y al ex precandidato de la Nueva Mayoría Andrés Velasco, hoy crítico del Gobierno. Las indagaciones condujeron luego al caso de Soquimich y su millonario apoyo a políticos y técnicos vinculados a la campaña presidencial de la Presidenta Bachelet. Cual avalancha de nieve, la lista de las personas y empresas involucradas aumenta con cada nueva indagatoria.

El interés público que suscita el tema, las graves repercusiones de las denuncias, el consiguiente interés de muchos de sacar ventaja del descrédito de sus rivales políticos y, por último, el hecho de que su recientemente destituido director, Michel Jorratt, tuviese una vinculación previa con uno de los casos denunciados parecen haber sometido al SII a muy fuertes presiones y tensiones, incluyendo -según ha revelado a este diario el funcionario saliente- el intento desde La Moneda de influir en las investigaciones. El actuar del SII ante los diferentes casos denunciados ha sido visto como vacilante, zigzagueante y sesgado. La institución parece además haber sufrido graves divisiones internas y dañinas filtraciones de información reservada.

No cabe exagerar los riesgos que conlleva la progresiva desvalorización de la autoridad tributaria. No es tan solo la recaudación del financiamiento requerido para el funcionamiento del Estado lo que está en juego. La fiscalización celosa, pero plenamente apegada a derecho, de las obligaciones tributarias es necesaria en el desenvolvimiento de todas las actividades económicas; la utilización con fines políticos o de otra índole de las investigaciones tributarias no solo causaría gran incertidumbre en los negocios, sino que corrompería el sistema político.

Gobierno y oposición deben trabajar juntos para restablecer la confianza en la seriedad y honradez de la autoridad tributaria. En primer lugar, hay que defender la prerrogativa exclusiva del SII para interponer querellas por incumplimiento de obligaciones tributarias, cuya complejidad técnica solo este puede apreciar debidamente. En segundo lugar, hay que poner de relieve el criterio tradicional de ese servicio en cuanto a priorizar la plena recuperación de las obligaciones tributarias impagas (con intereses y multas, si es del caso), por sobre la persecución penal de los delitos, la cual ha de reservarse solo a casos de maquinaciones amplias y montadas con el claro propósito de defraudación. En tercer lugar, el SII ha de ser mucho más transparente de lo que ha sido habitualmente en cuanto a los criterios que informan sus decisiones, así como en relación con las negociaciones o condonaciones que adopte. La reserva puede favorecer al contribuyente, pero alimenta la imagen de discrecionalidad y eventual corrupción que tanto daño está ocasionando. Por lo demás, en el caso de los escándalos por el financiamiento ilegal de la política, más que castigos penales lo que la opinión pública pide es transparencia. Finalmente, el SII debe ser dirigido por un conjunto de profesionales de primer nivel, seleccionados por concurso objetivo, sobre la base no solo de su conocimiento y experiencia del tema tributario, sino de su impecable trayectoria previa.