Una de las principales incógnitas de la esfera pública de hoy es lo que podría llamarse la cuestión constitucional. ¿Habrá asamblea constituyente? ¿Un plebiscito para definir el mecanismo? ¿Un cambio de las reglas a partir de las que están hoy vigentes? ¿Quizá nada?

En el discurso del 21 de mayo, la Presidenta dilucidó, en su estilo (o en el estilo del redactor, para ser más preciso), el punto.

La cuestión constitucional se resolverá a través de los siguientes pasos sucesivos: i) un debate amplio a contar de septiembre, que se extenderá todo el próximo año; ii) la elección, en 2017, de un Congreso con características constituyentes; iii) un gran acuerdo político, y iv) una posterior aprobación de lo que allí resulte, mediante plebiscito.

Todo está en el discurso. Es cosa de leer.

El problema constitucional se enmarcó en lo que el discurso (en uno de sus breves lapsos reflexivos: una verdadera isla en medio de un simple listado) llamó "una transformación de fondo en lo político". Esa transformación se inicia, dijo la Presidenta, con la elección de un Congreso en base al nuevo sistema electoral. Ese Congreso se elegirá en 2017. La campaña para elegir ese Congreso estará antecedida de un "proceso que nos guíe -esa fue la expresión empleada por la Presidenta: que nos guíe- hacia una nueva Constitución". Así, entonces, se iniciará en septiembre de este año un proceso que no concluirá con una nueva Constitución, sino que guiará a la ciudadanía hacia ella. Es lo que la Presidenta llamó (o el redactor le sugirió que llamara) "proceso constituyente".

¿Cómo será ese proceso?

Se tratará de una amplia serie de diálogos en los que las fuerzas políticas y sociales (es decir, las élites de unas y otras) intercambiarán puntos de vista acerca del contenido y las expectativas que abrigan para una nueva carta. Ese proceso se acompasará, inevitablemente, con las campañas para la elección del Congreso en el año 2017. Quienes postulen a ese Congreso deberán, entonces, pronunciarse explícitamente sobre lo que se haya discutido, o se esté discutiendo, en ese proceso constituyente. Es imposible que, estando en marcha un amplio diálogo acerca de la cuestión constitucional, la campaña electoral pueda eludirla. La campaña para 2017 será entonces -al margen de lo que dispongan las reglas- una campaña constitucional.

Así, el Congreso elegido el año 2017 no podrá ignorar la nueva Constitución.

Será, en los hechos, un Congreso constituyente. Es posible incluso que el "acuerdo político" a que alude la Presidenta pueda consistir en eso: todas las fuerzas políticas confiriendo a la elección del nuevo Congreso ese carácter. O, una vez elegido, decidiendo conferirse a sí mismo ese carácter. El Congreso, pues, teniendo a la vista el resultado del diálogo público, conociendo el proceso constituyente, se dará a la tarea de convenir una nueva Constitución.

¿Y la ciudadanía?

Bueno, la ciudadanía se pronunciará acerca de ese nuevo texto constitucional eligiendo a los representantes primero (en la campaña de 2017) y refrendando el texto luego mediante un plebiscito.

Se habrán resuelto así algunos de los dilemas que han tenido insomnes a los constitucionalistas todo este tiempo.

De acuerdo con Carl Schmitt (uno de los nuevos ídolos de la izquierda), el poder constituyente está siempre fuera de las reglas: soberano es quien decide cuándo se hace excepción a las reglas y no quien las cumple. Si el pueblo ha de ser el soberano, ¡entonces no puede estar sujeto a reglas! La adhesión a ese principio explica la renuencia a cambiar la Constitución desde la propia Constitución hoy vigente. El problema quedó entonces planteado: ¿cómo lograr que el pueblo sea el constituyente, sin quebrar, al menos formalmente, la continuidad de las reglas?

El camino enunciado por la Presidenta cuadra hasta cierto punto ese círculo: el proceso constituyente (no previsto en regla alguna) desatará un especial clima deliberativo en el conjunto de la sociedad (momento constitucional, lo llama Bruce Ackerman, otro autor de cabecera) y el nuevo Congreso no podrá sustraerse del todo, por la mera fuerza de los hechos, a lo que de eso resulte. Se cambiarán las reglas desde una fuerza (el proceso constituyente) que está explícitamente fuera de ellas.

Finalmente, el pueblo refrendará un texto que habría surgido de su propio impulso: así, el pueblo, sin ceñirse a regla alguna -pero paradójicamente respetando las instituciones-, habrá cambiado la Constitución. ¡El pueblo no obedecerá a nadie porque se habrá obedecido a sí mismo!

¿Suena torcido? Sí, pero esa torsión es fácil de explicar.

Cuando la realidad es complicada, los intelectuales se refugian en la pureza de los conceptos. Los políticos, en el mismo caso, procuran hacer como que los hechos se ajustan a ellos. Y todos felices.

No habrá pues asamblea constituyente, pero todos podrán interpretar el proceso de acuerdo con los conceptos a los que, en medio de tanto desorden, habían recurrido.