De acuerdo con el último Informe de Cuentas Nacionales del Banco Central, durante el primer trimestre de 2015 el producto interno del país creció 2,4% respecto de igual período del año anterior. La mayor fuente de crecimiento fue la demanda interna, fuertemente influenciada por el consumo del Gobierno, que tuvo un aumento de 5,6% en el mismo período. Por el contrario, la inversión, otrora pilar del crecimiento, experimentó una nueva caída (-1,7%), acrecentando las dudas respecto de la reactivación de una economía que lleva más de un año sin mostrar claros signos de recuperación.

En este contexto, el mensaje presidencial del 21 de mayo era esperado con gran expectación. El acto brindaba la oportunidad para plantear una detallada agenda conducente a reactivar la economía, lo que no ocurrió.

Anuncios sectoriales

En el discurso presidencial fue notoria la ausencia de un reconocimiento del impacto provocado por la agenda de reformas estructurales sobre el desempeño económico. El acotado alcance de las medidas presentadas, la falta de iniciativas concretas que devuelvan la confianza y la ambigüedad en cuanto a proyectos emblemáticos producen inquietud.

Si bien los anuncios en materia de capacitación (expansión del programa Más Capaz, el que aún no ha sido evaluado), banca (incorporación de estándares internacionales a Ley General de Bancos), emprendimiento (apoyo al desarrollo de negocios de empresas de menor tamaño), mercado de valores (fortalecimiento de la Superintendencia de Valores y Seguros), déficit hídrico (construcción de ocho embalses y desarrollo de plantas desaladoras), se hacen cargo de algunas de las necesidades del país, es difícil imaginar que en su conjunto signifiquen un cambio importante en la productividad nacional. Lo mismo se concluye al examinar las propuestas sectoriales. Los anuncios en pesca (proyectos de investigación para mejorar gestión en el sector), agricultura (estatuto para temporeros) y minería (apoyo a la formación permanente en el sector), si bien son bienvenidos, no parecen suficientes para reemplazar al gasto público como motor del crecimiento. Tampoco se espera que la batería de medidas pueda revertir, por ejemplo, la continua caída de la inversión.

A lo anterior, es necesario agregar anuncios que si bien sacan aplausos -como la deficiente "Ley Ricarte Soto"-, no pueden ser realmente examinados por no contar con mayores detalles. Es el caso, por ejemplo, del fin de los trabajadores que cumplen funciones permanentes en el Estado, pero que están contratados a honorarios. En la primera etapa, esto beneficiará a 8.800 trabajadores. Lo cierto es que el impacto final de esta iniciativa dependerá de sus detalles y del contexto en que se implemente. Sin una reforma al sistema de Alta Dirección Pública, también mencionada a la pasada y sin mayores precisiones, la verdad es que el cambio puede ser incluso contraproducente.

Agenda laboral, gratuidad y focalización

Respecto de la agenda laboral, sin duda la iniciativa que más incertidumbre suscita por sus repercusiones, el discurso del 21 de mayo no entregó novedades. La esperanza de contar con nuevas propuestas que apunten a generar empleos entre las mujeres y jóvenes se disipó rápidamente. De hecho, muy por el contrario, la Presidenta enfatizó en que "el desempleo se ha mantenido bajo, y los chilenos y chilenas no han visto afectado su bienestar". Una visión que no toma en cuenta el hecho de que casi el 50% de los jóvenes entre 19-29 años no trabaja ni estudia y en donde la tasa de participación laboral femenina no supera el 46%.

En el ámbito de la educación, la administración parece finalmente haber chocado con la realidad que significa no contar con los fondos para implementar la gratuidad en educación superior. El discriminatorio aseguramiento de la gratuidad solo para el 60% de los alumnos más vulnerables matriculados en centros de formación técnica e institutos profesionales acreditados y sin fines de lucro o universidades del Consejo de Rectores, tratado en esta misma página, así lo demuestra.

En cuanto a políticas sociales, otro aspecto que genera gran preocupación es el anuncio del fin del instrumento de focalización, la Ficha de Protección Social, para el primer semestre del 2016. No está claro qué significará la medida para la asignación de los programas sociales, pero es de esperar que no ponga en juego la eficiencia del gasto público.

Por sus rasgos, el discurso no despertó optimismo respecto del rumbo de nuestras políticas económicas. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, está en lo correcto al señalar que "la política fiscal ya hizo su trabajo" y que ahora queda "volver a trabajar más fuerte para expandir la capacidad de crecimiento de la economía". Quizás le faltaron días al ministro para influir en el discurso de la cuenta pública. Pero ya habrá muchas ocasiones para que su visión comience a marcar la gestión económica.

Nadie puede esperar que el país tenga que acostumbrarse a un creciente número de ministerios y subsecretarías como medidas para corregir los problemas de la economía.