Hace diez años, nos sorprendimos con la baja participación de los y las jóvenes en una elección presidencial: la inscripción en los registros electorales de las personas de entre 18 y 29 años había bajado de un 36% en 1988 a un 9,71% en 2005. El debate sobre la necesidad de incluir la educación cívica y la formación ciudadana en los currículos se instaló. Hoy, diez años después, con el destape de hechos de corrupción y falta de probidad, vuelve a levantarse la preocupación por el tipo y contenidos de formación que reciben nuestros jóvenes y también nuestros funcionarios públicos.

Es así como días atrás, la Presidenta Bachelet -en consonancia con las propuestas del Consejo Asesor Presidencial Contra Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción- realizó anuncios respecto de la incorporación en el currículo de la educación cívica y de un plan nacional de formación ciudadana, que incluirá la promoción de la participación estudiantil y la formación de docentes y directivos.

Con ello, se abre una oportunidad única para generar un debate transversal e inclusivo, que nos permita profundizar respecto de lo que entendemos por educación cívica y formación ciudadana, sus contenidos y el grado de intensidad con que debiera evidenciarse tanto en el currículo escolar como en la preparación de quienes van a servir al país.

Por su parte, el concepto mismo de educación cívica ha ido madurando, para pasar de una noción referida al conocimiento y respeto de las normas que regulan el funcionamiento del país, a uno más amplio que incorpora con especial énfasis las relaciones de las personas con el Estado, de las personas entre sí y la relación de las personas con su entorno, promoviendo el protagonismo de cada ciudadano y su participación en los asuntos del país.

A ello cabe agregar que, en el ámbito de Naciones Unidas, la educación cívica y la formación ciudadana hacen parte ineludible de una noción más amplia e integral, que es la de educar en derechos humanos, esto es, educar en ciudadanía desde el conocimiento de nuestros derechos y deberes, para que de esta manera todos y todas podamos ejercerlos y respetarlos plenamente. Esta integralidad que aporta la educación en derechos humanos habilitaría una participación plena en la sociedad y contribuiría, por cierto, al fortalecimiento de nuestra democracia.

Día a día, vemos cómo las falencias en la formación de todos quienes componen el sistema educativo impactan en nuestra sociedad. No solo la falta de probidad y la escasa participación son síntomas de aquello. También lo son los actos de discriminación, las detenciones ciudadanas, la desconfianza en las instituciones y el desconocimiento casi generalizado respecto del funcionamiento del Estado y de los derechos de los que somos titulares todos los seres humanos, entre otros.

La Ley General de Educación es el marco en el que se encuadra este desafío y, por cierto, constituye un aporte en tanto fija normativamente los derechos humanos como la base y el marco de todo el sistema educativo, formando parte de sus objetivos y debiendo, por tanto, reflejarse en el currículo de la educación escolar con más fuerza de la que tiene hoy.

En el contexto de anuncios como el que realizó la Presidenta Bachelet, y en un tiempo en el que empezamos a discutir sobre educación pública de calidad, es necesario proyectar a los ciudadanos con los que queremos contar en 10 o 20 años más, puesto que es a través de la educación que se logra la adhesión -en contraposición a la desafección- al proyecto democrático que tiene como uno de sus pilares los derechos humanos.

Lorena Fries Monleón
Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos