El sostenido incremento y la concentración de inmigrantes en determinados barrios y comunas, principalmente en Santiago -Quilicura, por ejemplo, prepara una consulta comunal sobre inmigrantes ante masiva llegada de haitianos-, provocan un nuevo y fundado interés sobre la indispensable revisión de las políticas y servicios migratorios. Existe consenso en que el actual estatuto sobre la materia, de 1974, el más antiguo de Latinoamérica, es anacrónico y discrecional. A la vez, resulta evidente la falta de medios y planes para los trámites de residencia oportunos, eficientes y dignos de los extranjeros que se avecinden en el país y para la prestación de servicios asistenciales y de integración a aquellos más desamparados. Por último, se sabe de las dificultades para controlar las fronteras, especialmente en el norte, y de los obstáculos administrativos y judiciales que impiden el ingreso y la expulsión de extranjeros con antecedentes criminales o vinculados al narcotráfico. Todas estas carencias imposibilitan que Chile capitalice, en beneficio del interés nacional, las ventajas de la inmigración y arriesgan que por falta de integración de los inmigrantes surjan conflictos sociales, como está ocurriendo en otras latitudes.

Desde hace cerca de dos años se encuentra empantanado en el Congreso un proyecto de ley que reforma sustancialmente la inoperante legislación vigente en esta materia. Más aun, se desconoce la existencia de iniciativas -distintas de las no discriminatorias y las de carácter asistencial- destinadas a atraer o facilitar la residencia temporal o definitiva de extranjeros con recursos que puedan aportar al emprendimiento, ciencia, tecnología e innovación. De hecho, a diferencia de lo ocurrido a comienzos del siglo pasado, existen restricciones y tramitaciones burocráticas que les dificultan obtener su residencia y también la convalidación de títulos profesionales, tanto debido al monopolio y centralización, en Santiago, por la Universidad de Chile como por la demora de la Cancillería de la puesta en vigor de la legislación, aprobada hace más de un año, para la legalización de documentos públicos emitidos en el extranjero. Asimismo, a quienes decidan trasladarse a vivir permanentemente en el país se les expone a un régimen tributario que los obliga a pagar impuestos, y a veces con doble tributación, por ahorros obtenidos en el extranjero antes de residir en el país. Por último, hay restricciones para que los extranjeros sirvan tanto en el sector público como en el privado.

En las últimas décadas se ha avanzado correctamente en legislaciones no discriminatorias con los inmigrantes, en sus accesos a subsidios para la vivienda, servicios de salud y, en general, en la consolidación y respeto de sus derechos, inclusión y medidas asistenciales para aquellos vulnerables. También se ha contemplado la regularización de estudiantes extranjeros para garantizarles el ejercicio del derecho de acceso a la educación en condiciones de igualdad al resto de los jóvenes del país. Es probable que aún queden espacios en estas materias, aunque está comprobado que los niveles de pobreza de los inmigrantes son menores que los de los nacionales y que cuentan con mejores condiciones de estudio y salud que los locales.

Lo que definitivamente resta, y parecería que no hay un interés de las autoridades, es contar con una legislación moderna que fortalezca las instituciones para la migración en interés del desarrollo nacional en aquellas áreas del conocimiento y del emprendimiento en que el país adolece de deficiencias.

Estamos desperdiciando un potencial para el progreso. Es efectivo que el porcentaje de extranjeros residentes en Chile, aunque cerca del medio millón, no alcanza al 3% de la población. Sin embargo, la sola reunificación familiar de ellos aumentará ese porcentaje, que debería subir aun más debido al incremento de la renta per cápita nacional, en el umbral de las naciones desarrolladas y factor determinante de la radicación de extranjeros.