La disminución de los poderes represivos no siempre trae consigo un aumento de la libertad. En ocasiones, ese vacío de poder es llenado por poderes opresivos; es decir, por el ejercicio de las diversas formas de violencia privada. Es lo que parece haber sucedido en Chile, como se ha visto esta semana.

En efecto, resulta una práctica habitual que algunos estudiantes que participan en las marchas a favor de una mejor educación se sientan con el derecho de destruir la propiedad pública y privada. No se trata, ciertamente, del peor de los delitos, pero son actos que carecen de toda justificación. Por desgracia, en la reciente protesta en Valparaíso, y luego de concluida, dos jóvenes que habían participado en ella fueron asesinados por una persona que, según parece, quiso tomarse la justicia por su propia mano pretendiendo evitar daños en un local comercial familiar. Es un episodio que recuerda a la "guerra de todos contra todos", de Hobbes.

Las consecuencias de este juego trágico son previsibles: los estudiantes ya tienen sus mártires, y este episodio, de fuerte carga simbólica por la palmaria injusticia de esas muertes, dará aún mayor protagonismo a los grupos más radicales. Además, como el cambio de gabinete les hace temer que entren aires de moderación en La Moneda, ya han anunciado que van a intensificar las medidas de presión contra el Gobierno, porque, como se sabe, los líderes estudiantiles solo conciben el diálogo cuando, en la práctica, significa que se accede a todas sus peticiones.

La lógica de la autotutela no se observa solo en episodios como el de Valparaíso. Ya nos hemos acostumbrado a los incidentes de violencia en La Araucanía, y solo nos podría llamar la atención que los agricultores no hayan respondido con la misma moneda, hasta ahora. Sería injusto atribuirle toda la responsabilidad a este gobierno, pero no hay dudas de que la cantidad y entidad de la violencia se han agudizado en el último año.

Para nadie es un misterio que las fuerzas policiales tienen las manos atadas. Los carabineros saben que nadie los va a defender: en cualquier situación medianamente confusa aparecerán ellos como victimarios. Las señales que reciben de la autoridad política son particularmente equívocas, porque las invocaciones a la seguridad ciudadana no han sido acompañadas en los últimos años por actos de respaldo cuando se toman medidas efectivas para garantizar esa seguridad. Tampoco son muy alentadoras las señales que reciben de parte de los jueces, entre quienes el garantismo se ha extendido a niveles que años atrás habrían sido impensables. Las teorías garantistas y los llamados a extirpar cualquier síntoma de represión policial suenan muy bonitos, pero en la práctica producen un grave sentimiento de indefensión en los ciudadanos corrientes.

En este contexto, no nos puede extrañar que, según la última encuesta CEP, la mayor preocupación de los chilenos sea la seguridad ciudadana (46%). La Presidenta, en cambio, pone en primerísimo lugar el proceso de cambio constitucional, que solo quita el sueño a un 5% de nuestros compatriotas. Cabe la posibilidad de que estemos ante una gran estadista, que se preocupa del bien del país y no de gobernar por las encuestas. Pero también es posible que estemos en presencia de un episodio más en la antigua historia de desconexiones entre lo que se ve desde La Moneda y lo que piensa la gente corriente (que, dicho sea de paso, poco tiene que ver con esa curiosa categoría que hoy se llama "la calle").

Por si lo anterior fuera poco, los primeros tres lugares en el ranking de las instituciones que despiertan mayor confianza están ocupados por las FF.AA. (59%), Carabineros (54%) y la PDI (48%), un dato que a más de alguno debe haber hecho rechinar los dientes de pura rabia.

Se ve que los chilenos están pidiendo a gritos un mayor ejercicio de autoridad, una autoridad ordenada, enmarcada en los márgenes legales, pero real. Ahora bien, por más que haya hecho algunos cambios, no parece fácil que este gobierno pueda satisfacer esa legítima demanda. La Presidenta Bachelet se halla en un dilema del que no podrá salir fácilmente: si hace primar la cordura, corre el riesgo de que se le incendie "la calle", pero si continúa con su frenesí reformista, desanimará a los ciudadanos normales y, de paso, pondrá en peligro la continuidad de su gobierno. En ese contexto, su única esperanza podría radicar en que la oposición no perciba que tiene delante una gran oportunidad.

La falta de autoridad no origina mayor libertad, sino la instauración de poderes opresivos. La lógica de la autotutela está presente en el asesinato de dos estudiantes en Valparaíso, pero también en la constante violencia en La Araucanía.