Si conocer la verdad de una situación es siempre importante para formarse una opinión fundada sobre ella, en las actuales circunstancias en que la ciudadanía ha dado muestras de un alto grado de desconfianza hacia los líderes políticos, la verdad se ha vuelto absolutamente indispensable. No obstante, continúa el goteo de datos aislados, a medio elaborar, y no se logra circunscribir apropiadamente el escenario en que se está desenvolviendo la política nacional. Cada día surge un nuevo antecedente, sea de otro dirigente político que se financió mediante boletas ideológicamente falsas a diversas empresas, sea de nuevas fórmulas ideadas para financiar campañas electorales o, bien, de nuevos elementos que permiten formarse una imagen de la verdadera relación entre la política y el dinero.

La opinión pública ya está hastiada con tanto descubrimiento y parece haber extendido una condena general e indiscriminada que abarca a toda la clase política. Sin embargo, quienes conocen bien las prácticas que han sido puestas en tela de juicio aseguran en privado que aún no se ha producido un reconocimiento de la real dimensión de los fenómenos que inquietan al país. Las cosas pueden ser diferentes de lo que cree la opinión pública, pudiendo ser mejor o peor de lo que se ha dicho hasta ahora. Quizá buena parte de los políticos esté al margen de toda sospecha, pero también parece posible que algunos destacados dirigentes se hayan vuelto aún más dependientes de sus financistas de lo que se han visto obligados a reconocer.

Todo parece indicar que los dirigentes políticos que no están en cargos de gobierno y que no se han destacado por su trabajo en el sector privado deben financiar su vida con asesorías a empresas que no las requieren. Así, por lo demás, lo han admitido algunas empresas, incluyendo SQM, al rectificar sus declaraciones de impuestos y situar las boletas recibidas por tales asesorías entre los gastos no necesarios para originar sus ganancias. Si de ahí surgen relaciones impropias, que más adelante pudieran alterar la visión imparcial que deben tener los representantes políticos, está abierto a discusión. Pero no parece haber muchas dudas sobre la forma en que ellos financian sus actividades.

Incluso el ministro Peñailillo y muchos de sus más cercanos colaboradores aparecen entregando boletas por asesorías e informes confeccionados para empresas que no tienen buenas razones para estar interesadas en las materias de dichos informes. Es por ello que la situación ha sido estimada como digna de ser aclarada y se insistió en su momento en que el ministro diera a conocer sus trabajos. Pero ya ha pasado suficiente tiempo sin que los mostrara. El ministro Peñailillo, más aun, confundió a la opinión pública al señalar en un programa de televisión que los periodistas de "El Mercurio" habían visto los informes, en circunstancias que solo vieron un documento en una pantalla de un computador. El ministro afirmó: "Pero al final de la entrevista lo vimos y ellos accedieron, digamos...". En nota de la sección crónica de esta edición se dan a conocer más detalles para aclarar la confusa expresión del señor ministro.

Pero no se trata de una circunstancia aislada, sino, por el contrario, bastante generalizada, que abarca a ministros, parlamentarios, otras autoridades y hasta al propio director de Impuestos Internos. A menudo repiten ellos que se trata de actividades privadas, que se debe cuidar la honra de las personas, que en Chile existe la presunción de inocencia, que en tal o cual actividad no se ha violado la ley. Todo lo cual es perfectamente válido, pero en estos momentos la inquietud de la ciudadanía y su condena amplia y tajante justifican que las autoridades hagan actos de transparencia capaces de despejar cualquier duda, pues de lo contrario no solo ellas podrán ser cuestionadas, sino que necesariamente afectarán la institucionalidad que ellos representan.