Confusión peligrosa

Independientemente del análisis ponderado que sus propuestas requieren, el país debe agradecer la rigurosidad del trabajo efectuado por los miembros de la llamada Comisión Engel. Es de lamentar, en cambio, que el modo escogido por el Gobierno para dar a conocer sus conclusiones no haya estado a la necesaria altura republicana. Desde luego, parece impropio el lapso que medió entre la entrega del respectivo informe -en una ceremonia vistosa, pero sin contenidos- y su difusión a la ciudadanía, efectuada varios días después. Si esto ha dificultado la evaluación de dicho informe en su propio mérito, más complejo aún es el que la Mandataria haya aprovechado la ocasión para anunciar el inicio de un proceso constituyente que nada tiene que ver con el trabajo realizado por esa comisión. Es legítima la decisión de abordar este último tema, pero resulta de dudosa lógica vincularlo con la solución a los muy concretos problemas en el financiamiento de la política y en las conductas de ciertos actores públicos que han inquietado al país. Antes bien, dicha confusión desvía el foco del verdadero debate y, por lo mismo, dificulta la adopción de medidas eficaces.

Curioso, por lo demás, es que las mismas autoridades que han alabado el funcionamiento de las instituciones planteen la revisión completa de la estructura que les ha permitido operar. Y es sorprendente que se afirme que el referido proceso constitucional permitirá finalmente "desembocar en la nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos", cual si hace 10 años el Presidente Lagos no hubiera usado similares palabras al poner su rúbrica a la actual Constitución. Así, la tesis de no dar "ningún paso atrás" en el programa reformista del Gobierno parece otra vez imponerse.

¿Hacia un congelamiento del cuadro político?

El reconocimiento al trabajo de la Comisión Engel no ha de confundirse con su idealización. Se ha hablado del pluralismo de su composición, obviándose el que solo cuatro de sus quince miembros podrían ser adscritos a líneas de pensamiento distintas de la centroizquierda. Tratándose de un grupo asesor convocado bajo premisas técnicas, no cabe cuestionar aquello, pero sí ha de tenerse presente en el análisis de sus conclusiones. En muchos casos estas suponen decisiones de política pública perfectamente debatibles. Por lo mismo, resulta desafortunado el que se pretenda descalificar cualquier oposición o matiz respecto de ellas, atribuyéndolo a la "resistencia" de quienes quieren que las cosas "queden igual" y que la democracia y la política sean "capturadas por el poder del dinero". Expresiones como esas parecen más propias de un cierto lenguaje bolivariano que de un genuino espíritu democrático.

Una evaluación desapasionada de las propuestas podrá valorar las fórmulas para una mejor regulación de los conflictos de interés y de la llamada "puerta giratoria", el fortalecimiento de la Alta Dirección Pública o los incentivos para la democracia interna de los partidos. Debatible es, sin embargo, la necesidad de reconocer autonomía constitucional al Servicio Electoral, obligar en los hechos a la reinscripción de los militantes de todas las colectividades o imponerles por ley la paridad de género a sus dirigencias. Tampoco es obvio que la reducción de los límites en el gasto de campaña, precisamente cuando acaba de aprobarse la ampliación territorial de los distritos, sea una medida realista, ni que convenga proscribir los aportes económicos de personas jurídicas (permitidos en algunas de las principales democracias del mundo) o eliminar cualquier protección para las personas naturales que efectúan donaciones por montos pequeños. La experiencia muestra que limitaciones de este tipo -así como en general las restricciones a la propaganda electoral- reducen las opciones de candidatos desafiantes y favorecen la perpetuación de una cierta correlación de fuerzas. Si tal puede ser ya uno de los efectos de la reciente reforma del sistema electoral, resultaría nefasto agravarlo por esta otra vía, a menos que lo que se pretenda no sea un mejoramiento institucional, sino el congelamiento del cuadro político resultante de los comicios de 2013.

Corresponde también precisar el alcance de la alusión en el discurso presidencial a superar los "vacíos de la ley actual" y así asegurar "sanciones efectivas" a la facilitación y aprovechamiento de facturas y boletas ideológicamente falsas.

Credibilidad en juego

Es importante, en cualquier caso, que la Presidenta haya acogido los transversales llamados a ejercer su liderazgo en un momento crítico. Difícil será su tarea, sin embargo, mientras no se despejen los cuestionamientos que pesan sobre su propio equipo. Corresponde en particular al ministro del Interior aclarar cada una de las interrogantes respecto de las boletas emitidas por él y algunos de sus más cercanos colaboradores a la empresa de Giorgio Martelli. Mientras ello no ocurra, los esfuerzos gubernamentales por establecer un nuevo estándar en materia de transparencia y financiamiento de la política seguirán enfrentando un severo déficit de credibilidad: poco imaginable resulta que quienes aparecen involucrados directamente en un problema puedan ser los que construyan su solución.