El viernes pasado, el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción -la Comisión Engel, en la que tuve el honor de participar-, entregó su informe final a la Presidenta, el que se hará público en estos días.

El creciente deterioro de la confianza de la ciudadanía hacia la política, las élites y la clase empresarial, agravado por los casos que se han revelado recientemente en los medios, motivó la creación de esta comisión.

Durante sus 45 días de trabajo, el Consejo analizó las normas que delimitan nuestra institucionalidad con el fin de proponer reformas que ayuden a recuperar la fe pública.

Abordamos los temas que gatillaron la creación del Consejo, en particular la relación entre dinero y política, para sugerir formas más eficaces de regular y supervisar el financiamiento de la política.

Discutimos también sobre mecanismos para minimizar los riesgos de corrupción, revisando, por ejemplo, la institucionalidad de los sistemas de compras públicas y de Alta Dirección Pública, y los problemas de probidad en municipios.

Asimismo, analizamos mecanismos para evitar conflictos de interés, separando de manera más clara los intereses particulares de las autoridades de su responsabilidad pública.

Por supuesto, también debatimos sobre cómo regular mejor los mercados para evitar abusos.

La Comisión Engel no es la primera en abordar muchos de estos temas. Ya en el año 1994 el Presidente Eduardo Frei convocó a la Comisión Nacional de Ética Pública. Más recientemente, en el año 2006, la Presidenta Michelle Bachelet encargó una tarea similar al Grupo de Trabajo sobre Probidad y Transparencia.

Desde entonces el país ha logrado avances importantes en estas materias. Pero la crisis actual de confianza hacia las élites, la institucionalidad y los mercados nos muestra que aún hay mucho por avanzar.

En algunas materias, las regulaciones actuales resultan insuficientes, pues permiten que sobre la base de aspectos formales -la letra de la ley- se eluda la norma usando resquicios que no se condicen con el espíritu de la ley.

En otras se trata de buenas leyes, pero que no dan suficientes recursos y herramientas para la fiscalización de su cumplimiento. Sin supervisión ni seguimiento, es difícil que haya disuasión y sanciones efectivas.

De este modo, no es extraño observar un creciente malestar ciudadano si las acciones que no se condicen con la ética y probidad quedan sin sanción social ni judicial.

En este contexto, para que los casos que hemos conocido no vuelvan a repetirse, es ineludible revisar las debilidades y vacíos de nuestras normas, regulaciones e instituciones.

En particular, la distribución del poder en nuestra institucionalidad actual es evidentemente desigual, tanto en lo político como en lo económico. La forma en que hoy se relacionan dinero y política solo agrava esa desigualdad.

Asimismo, la clara asimetría en el acceso a redes de influencia dificulta que todos puedan participar de manera equitativa en las decisiones públicas.

Ciertamente, la Comisión Engel y sus miembros no representamos a la ciudadanía ni reemplazamos la deliberación pública.

Las propuestas que desarrollamos y acordamos son solo un aporte más a las ideas que muchas organizaciones sociales, organismos internacionales y centros de estudios, entre otros, han elaborado y puesto a disposición de la sociedad.

La tarea hacia adelante será la de revisar las normas que definen nuestro sistema institucional, e implementar regulaciones capaces de recuperar la confianza en la actividad política y en los mercados.

No hay democracia sana sin la confianza de los ciudadanos. No hay dinámica económica permanente ni justicia en los mercados si algunos usan su posición de privilegio para obtener ventajas personales. No hay instituciones fuertes si los servidores públicos no ponen el bien común por sobre el interés individual.

En pocas palabras, el desafío que el país enfrenta hoy es el de hacer más equitativo y transparente el acceso al poder, tanto económico como político, y que este sea utilizado para beneficio de todos.

Espero que las propuestas en el informe, complementadas por el debate público, sirvan para que nuestra democracia se vuelva más sólida y robusta.