La destitución de dos notarios por parte de la Corte Suprema -debido a las irregularidades cometidas en las autorizaciones de firmas en las listas presentadas por candidaturas independientes a la Presidencia de la República en 2013- se puede inscribir en el profundo movimiento de revisión de prácticas y estándares en que se encuentra inmerso el país. Conductas y usos que hasta hace poco eran comunes en nuestro medio, pues cumplían aparentemente con las formalidades necesarias, están suscitando fuertes reproches públicos y severas sanciones.

Así, las facturas ideológicamente falsas utilizadas en campañas políticas o no, las firmas autorizadas por notarios, sin la acuciosidad para verificar su autenticidad, u otras de esa índole, están recibiendo no solo el castigo de la ley, sino también la más amplia reprobación ciudadana. A pesar de que estos casos revelan malos hábitos, relativamente arraigados, resulta muy rescatable constatar que es la propia institucionalidad, incluyendo en ellos a las denuncias de los medios de prensa y la indignación ciudadana, lo que está consiguiendo estos cambios.

En el caso de los notarios, su actuación ilustra las dificultades que enfrentan los candidatos independientes para conseguir un número apreciable de firmas de personas que no solo los apoyen, sino que además cumplan con el ritual de hacerlo ante un ministro de fe. No se trata tan solo del costo que ello significa en términos monetarios, sino también del esfuerzo y del tiempo que dicha tarea implica para quienes desean acceder a un cargo de representación popular sin contar con el apoyo de los partidos.

Sin embargo, no se trata de una dificultad instalada de manera inadvertida. Lo que se busca es incentivar que las personas que deseen representar las aspiraciones ciudadanas lo hagan preferentemente a través de los partidos políticos, pues son estos la expresión de una voluntad colectiva, agrupada en torno a un conjunto de ideas coherentes en procura del bien común. Esas colectividades deben pasar una primera prueba de firmas para constituirse y luego una segunda prueba en las urnas, en las que se les exige un umbral mínimo, bajo el cual dejan de existir. Los partidos tienen una estructura jurídica con personas responsables y prontamente se pueden ver sometidos a exigencias legales de mayor transparencia. Desde ese punto de vista, se trata de una pieza clave en el buen funcionamiento de la democracia representativa, sin perjuicio de lo cual se deben mantener abiertas las opciones para una razonable participación de los independientes, de manera que puedan desafiar a los liderazgos establecidos.