Los últimos días registraron una delicada polémica entre el Gobierno y la fiscalía debido la postergación de la tramitación del proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público. Se trata de un proyecto que, entre otras reformas, contempla un aumento de la dotación y establece elementos propios de una "carrera funcionaria" para los fiscales y otros niveles del personal. Ante el anuncio, el fiscal nacional y todos los fiscales regionales del país expresaron en forma inmediata, e incluso antes de conocer con precisión la entidad de la postergación, su "profunda preocupación y sorpresa" por la decisión del Ejecutivo. Lo propio hicieron, en duros términos, los representantes de la asociación gremial de fiscales.

En esta polémica destaca que la federación que agrupa a más de mil funcionarios auxiliares y administrativos del Ministerio Público haya esgrimido que "la Fiscalía se encuentra dedicada a la investigación de delitos de alto impacto social y requiere apoyo de todos los actores relevantes", haciendo referencia explícita a los casos Caval, Penta y Soquimich. En este sentido, sostienen, "la señal que ha enviado el Ejecutivo es justamente la contraria y podría entenderse como un reproche a la proactividad del Ministerio Publico". Con estas palabras se dio forma y mayor publicidad a una impresión que ya había sido explicitada por sectores de la opinión pública y que, por fortuna, la intervención del ministro de Justicia fijando el día 30 de agosto como límite para despachar el proyecto vino a contener.

Tal como ocurre en relación con el Poder Judicial, es el Poder Legislativo -el Presidente de la República y quienes ocupan los cargos de representación en el Congreso- el que decide sobre la asignación de recursos públicos a la fiscalía. Los peligros inherentes a una pugna como la que se podría delinear a raíz de los procesos judiciales mencionados son inmensos. Es evidente la insatisfacción de la gente con el órgano persecutor, a causa del reconocido fracaso del sistema frente a la delincuencia común. Pero ningún ciudadano responsable quiere ver a la fiscalía intentando recuperar su influencia a costa de investigar penalmente a los políticos, del mismo modo que nadie quiere ver a los políticos tratando de amedrentar a la fiscalía por la vía de rechazar o dilatar incrementos presupuestarios.

Para impedir de verdad que se aproxime siquiera un escenario semejante, hay que comenzar por evitar hasta la impresión misma de que podría instalarse. Por eso es loable la pronta reacción del Ministerio de Justicia, pero ella debe ser complementada con un estudio profundo del contenido del proyecto de ley, de modo que resulte convincente por su propio mérito, sin que se minimicen los reparos técnicos a su texto para no dar la impresión de un escenario de enfrentamiento. Los riesgos institucionales de una discusión ideologizada y técnicamente deficiente son incalculables.