Las catástrofes volcánicas de la naturaleza y los escándalos de corrupción asoman a la superficie cíclicamente desde los albores de la historia de la humanidad. En el ámbito de las conductas humanas, desde la recuperación de la democracia se han producido en Chile a lo menos tres hitos relevantes: en 1994 el caso Codelco; en 2003 Inverlink y MOP-Gate, y el presente año con los casos que hoy hacen noticia. Todos ellos registran similares reacciones: creación de comisiones con múltiples propuestas anticorrupción, más fiscalizaciones, regulaciones legales y administrativas, códigos éticos y de buenas prácticas corporativas, investigaciones y procesos judiciales noticiosos mientras son actuales, entre otras. Pero la historia se encarga de demostrar la persistencia de la corrupción, que de accidental parece estar pasando en nuestro país a sistemática -en ningún caso sistémica-, incluidos casos de exportación como efecto de la globalización. Realidad a la que contribuyen dos causas posibles. La primera es que tratándose de un fenómeno multicausal, los antídotos para reducirla -único objetivo serio de alcanzar- implican una visión de conjunto y tratamiento integral y sostenido en el tiempo de todos sus componentes e interrelaciones: históricos, económicos, políticos, legales, socioculturales, éticos, morales y religiosos.

La segunda causa radica en la falta de educación cívica de calidad. Esta, junto con enseñar la institucionalidad del país y los derechos fundamentales, hace visibles e idealmente asimilables los valores comunes que son protegidos y subyacen tras las leyes, porque para su cumplimiento no basta la sola amenaza de sanciones. Es decir, que esos valores formen cultura porque el abstracto principio de igualdad ante la ley requiere la igualdad en su conocimiento y comprensión frente a la vida, a los demás y a nosotros mismos, función cultural que solo puede cumplir la educación ciudadana, particularmente la de los jóvenes, que es por donde debe empezar la política.

Consecuencia de todo lo anterior es la subvaloración del factor sociocultural de la corrupción, es decir, la prevalencia de las costumbres y códigos prácticos por sobre la ley y que terminan configurando el modo de ser de las personas y su lugar en el medio. Se trata de los tráficos de favores e influencias y contraprestaciones, el amiguismo, el nepotismo, el clientelismo político, el uso de contactos personales para el logro de beneficios y en general ejercicios de poder sin una auténtica educación, fuente, a su vez, de variados delitos asociados a la corrupción.

En ese contexto, los motivos, incentivos y mecanismos intelectuales e inteligentes de personas y grupos para lograr beneficios económicos carentes de límites y víctimas poco visibles prevalecen sobre los códigos éticos y relativizan la moral en función del grupo. Son componentes que radican en la conciencia de las personas, única dictadura que el abogado Gandhi decía aceptar, opciones conductuales de individuos y grupos a quienes el mismo abogado se dirigía con esta profunda y sabia reflexión: "Sé tú los cambios que quieres ver en la sociedad". Es decir, predicar con el ejemplo, la mejor metodología de enseñanza. En términos futbolísticos, las conductas de corrupción reflejan menosprecio por el " fair play " y las reglas del juego -que no otra cosa es la democracia- orientadas al bien común, al que también contribuyen los agentes privados, aunque en grados y actividades diversas. El bien común es, sin embargo, un concepto menos tangible que los beneficios de la corrupción, por lo que suele ignorarse o interpretarse equivocadamente, pues cada acto de corrupción revierte a sus autores. Escándalos de corrupción que sin una educación cívica sostenida en el tiempo para todos, el ejemplo de cada uno y la ejecución efectiva de las leyes seguirán asomándose a la superficie como las catástrofes de la naturaleza, porque en el ámbito de la educación y de las costumbres los únicos progresos verdaderos y durables son lentos.

Luis Bates Hidalgo
Centro de Educación Ciudadana Universidad San Sebastián