Proyección de las platas del Estado

Ante la consulta periodística del alto costo del proyecto de Carrera Docente anunciado esta semana, el ministro de Educación declaró que si bien los montos serían cuantiosos -se estiman sobre los US$ 2.400 millones anuales-, estos no significarían un problema para las finanzas públicas, pues, en régimen, el conjunto de cambios impulsados desde su cartera no sería financiado solamente por los recursos de la reforma tributaria, sino que también por aquellos provenientes del mayor crecimiento económico.

La lógica de la autoridad es correcta, pero la historia económica está plagada de casos en que apuestas injustificadas de crecimiento, acompañadas con reformas implementadas secuencialmente, terminan afectando gravemente la salud de las cuentas fiscales. Grecia es el caso más reciente.

Ingresos del gobierno central

Los ingresos tributarios representan cerca del 80 por ciento de los recursos del Estado. De acuerdo con las cifras entregadas por la Dirección de Presupuestos, estos alcanzaron el 2013 casi los $ 23.000.000 de millones, equivalente al 16,7% del producto. Para el 2014, la cifra fue de casi $24.500.000 millones o 16,6% del producto, mientras que para el presente año las estimaciones oficiales indican que el monto alcanzaría un poco más de $27.600.000 millones, un 17,6% del producto. El importante aumento se explicaría por los efectos de la reforma tributaria.

Sin embargo, diversos expertos han comenzado a dudar respecto de las proyecciones de los ingresos del Gobierno para el 2015. Las dudas nacen principalmente de los optimistas supuestos macroeconómicos tras los cálculos. De acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas para el 2015 de la Dipres, las proyecciones de ingresos fueron construidas asumiendo, entre otros parámetros clave, una variación del PIB para el presente año de 3,6% y un precio del cobre de 312 centavos de dólar la libra. La primera cifra se aleja completamente de nuestra realidad -el Fondo Monetario Internacional ajustó recientemente a la baja su proyección de crecimiento para Chile llevándola desde 3,3% a 2,7%-, mientras que la segunda parece improbable, dada la caída del valor del metal rojo, que lo mantiene por debajo de los tres dólares la libra en lo que va del 2015.

Las proyecciones de los ingresos de mediano plazo tampoco son auspiciosas. Si bien las últimas cifras oficiales para el período 2016-2018 sugieren un panorama tranquilizador, estas también sufren los sesgos propios del injustificado optimismo de los supuestos macroeconómicos utilizados por la autoridad en sus estimaciones. De acuerdo con documentos oficiales de la Dipres, el Ministerio de Hacienda utilizó para sus proyecciones expansiones del PIB de 4,3%, 4,7% y 4,8% para los años 2016, 2017 y 2018, respectivamente, muy alejadas de las cifras que se manejan entre los expertos. Las proyecciones del FMI son nuevamente un buen ejemplo. En su más reciente informe, el organismo internacional proyectó crecimientos de 3,3%, 3,6% y 3,7% durante los mismos años. Adicionalmente, estas estimaciones no consideran el negativo impacto que tendría sobre la economía la reforma laboral en discusión.

Estímulos y gastos estructurales

Ante el nada espectacular funcionamiento de nuestra economía durante el 2014 y las magras expectativas de crecimiento futuro, la autoridad elaboró una expansiva Ley de Presupuesto para el presente año, que significó "flexibilizar" la meta del balance estructural llevando el déficit del 2015 al 1,1% del producto. Tal como explica el Informe de Finanzas Públicas de la Dipres, tal situación haría "aun más exigentes los objetivos de balances para los siguientes años a partir de 2016, con el fin de converger al valor de equilibrio estructural propuesto para el 2018". Sin embargo, la posibilidad de alcanzar el equilibrio en las cuentas fiscales se ve más bien remota. De hecho, el FMI estima el déficit para el 2018 en torno a -0,7%. Si a esto sumamos los recientes trascendidos en cuanto a la posibilidad de que Hacienda extienda el esfuerzo fiscal hasta el 2016, la posición fiscal podría ser incluso más delicada.

A esta compleja situación es necesario agregar los importantes compromisos de mediano y largo plazo que se han tomado durante el último año. A los altos costos estructurales de la reforma educacional, los que ya superarían los US$ 3.600 millones en régimen (resta aún conocer el detalle de los proyectos de desmunicipalización y gratuidad universitaria), debemos incorporar, entre otros, el nuevo proyecto de ley que aumenta el subsidio al Transantiago, el que podría significar un gasto superior a los US$ 2.700 millones hasta el 2022. Por cierto, la secuencialidad del gasto no lo diluye, particularmente dados los montos en juego.

Por cierto no habrá marchas o protestas exigiendo uno de los compromisos más importantes del programa de gobierno de Michelle Bachelet: un balance estructural de 0% del producto al finalizar su administración, pero aun así debemos cuidar con extremo celo la responsabilidad fiscal y sus delicados equilibrios.