A siete meses de conocidos los primeros antecedentes sobre la arista política del llamado caso Penta, y cuando a este se han agregado sucesivos nuevos y más importantes procesos que ponen en cuestión la relación entre esa actividad y el dinero, el país no logra superar la parálisis. Lejos de sorprender, las revelaciones de que va dando cuenta la prensa confirman los diagnósticos iniciales, en cuanto a la existencia de severos vacíos en las actuales regulaciones del financiamiento político, los que han dado pie a prácticas cuestionables. Estas -salvo situaciones muy excepcionales- no han buscado el enriquecimiento personal (eso marca una diferencia radical respecto de lo que ocurre en otros países de la región), pero sí han minado la confianza ciudadana. Peor aún, producto de la incapacidad para encauzar el problema y ofrecer respuestas adecuadas, el país se ha empantanado en una crisis política absurdamente autoinfligida.

Ejemplo de esa incapacidad son actitudes como las asumidas a propósito de los pagos realizados hace algunos años a actuales autoridades de gobierno por una empresa de asesorías. Sabido es que el trabajo político que llevó al triunfo de Michelle Bachelet comenzó mucho antes de que ella retornara a Chile y que quienes participaron en él necesitaban financiarse. En lugar de transparentarse esa realidad, se recurre a explicaciones ampulosas y se habla de informes de contenido impreciso. La falta de oportuno sinceramiento impide desarrollar un debate sobre bases reales que se haga cargo del problema. En cambio, irrita a la ciudadanía, destruye credibilidades y facilita equívocos, al tiempo que su revelación parcelada va desgastando al Gobierno.

A su vez, la irresponsabilidad de quienes, en los inicios del caso Penta, creyeron ver una oportunidad para destruir a sus adversarios, sin advertir los riesgos de llevar la política a la arena judicial y de dar tratamiento de delito a conductas no tipificadas como tales, ha vuelto más dificultosa cualquier solución.

Un equipo político superado

La magnitud adquirida por la crisis contrasta con la debilidad de los llamados a resolverla. Desde luego, un gabinete cuya conformación expresaba la posición de poder con que la Presidenta llegó a La Moneda, sustentada en un arrasador triunfo electoral que le permitía prescindir de los partidos, no se corresponde con la actual realidad de una administración cuyos niveles de apoyo no superan el 30%. Aún más, incluso obviando juicios sobre la impronta ideológica que ha caracterizado a este gobierno, la capacidad de gestión de sus equipos también se muestra deficitaria.

Si ello era desde hace tiempo claro en distintas carteras sectoriales, hoy resulta evidente respecto del gabinete político. La referida incapacidad para prever el curso y alcance que tomarían los casos objeto de investigación es un ejemplo. Y lo ocurrido con Caval lo ratifica de modo dramático. Dicho caso muestra a un grupo de individuos de dudosos antecedentes que logró involucrar en una operación insólita (un millonario crédito cuya entrega resultaba inconcebible) a una persona que llegaría a ubicarse en el corazón mismo de La Moneda. Siendo preocupante que estos hechos sorprendieran al Gobierno, la incompetencia para advertir su gravedad y el daño que causarían a la figura presidencial resultan alarmantes.

Tan preocupante como el débil manejo gubernamental es la irresponsabilidad con que otros actores públicos promueven supuestas soluciones que no son más que un guiño al populismo. Pretender un término anticipado de la legislatura, poniendo en duda la legitimidad de quienes fueron elegidos por la ciudadanía, significa transformar un problema político en una crisis institucional, y obedece a la misma lógica de quienes plantean asambleas constituyentes y tesis refundacionales. Antes que abdicar del mandato recibido, la tarea de los parlamentarios es ser fieles a este, impulsando una legislación que, resolviendo vacíos y elevando estándares, responda a la inquietud ciudadana.

Reforma laboral con piloto automático

Signo de la transversal debilidad política actual, la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo continúa su camino en el Congreso de modo implacable. Nadie parece oír las críticas de algunos de los técnicos más destacados del oficialismo, ni las advertencias del ex ministro René Cortázar, ni el severo juicio del dirigente socialista Oscar Guillermo Garretón, en cuanto a que se trata de un proyecto sustentado en un diagnóstico que ignora la realidad. Difícilmente podría suscitar otro juicio una reforma respecto de cuyos contenidos difiere la mayoría de los chilenos, quienes, según reciente encuesta de la Universidad Adolfo Ibáñez, son contrarios a puntos centrales de la iniciativa. Esta encuentra su base de apoyo en una CUT representativa de una mínima parte de los trabajadores del país, correspondiente de modo principal a funcionarios del Estado y profesores. El actual ensimismamiento de la clase política, sin embargo, torna improbable cualquier opción de mejoramiento real del proyecto.