Señor Director:

Una preocupante novedad incluye el proyecto de ley sobre despenalización del aborto: se trata de la protagónica participación que tendrían los jueces de familia o de los de competencia común.

Conforme con la propuesta del Ejecutivo, a falta de consentimiento del representante legal de la menor de 14 años, el juez debe proceder a autorizar la interrupción del embarazo, "sin forma de juicio y verbalmente, a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud, con los antecedentes que le proporcione el equipo médico de salud, oyendo a la menor y, si lo estimare, al integrante de este que le asistiere".

Es evidente que los promotores de esta ley han olvidado que la expresión juicio o enjuiciamiento significa instruir, juzgar o sentenciar una causa; sujetar a alguien a juicio. No es una simple coincidencia que la expresión juicio (del latín iudicium) se defina originariamente como una facultad del alma, por la cual el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. A mi entender, constituye francamente un acto de barbarie jurídica que el legislador promueva para este "acto judicial" un prototipo de "juez sordomudo", al que además le encomienda el pronunciamiento de la sentencia de muerte del concebido y no nacido.

La propuesta legislativa solo es comparable a la situación que generaba el art. 24 transitorio de la Constitución de 1980, que permitía a la autoridad administrativa conculcar los derechos constitucionales "sin recurso alguno", esto es, "sin forma de juicio".

Estamos seguros de que, como en épocas pasadas, no faltarán jueces que adviertan que esta fórmula del proyecto no se ajusta a derecho. La sola idea de obligar a un magistrado a tener que autorizar -verbalmente- la muerte de un inocente es algo que repugna a la esencia de la función jurisdiccional. Cuesta creer que alguien que se sienta comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos pueda participar en la aprobación de un proyecto de ley que, por primera vez en nuestra historia judicial, impondrá a la judicatura el deber de participar en la conculcación del derecho a la vida, "sin forma de juicio".

Alejandro Romero Seguel
Decano Facultad de Derecho, U. de los Andes