Cuando los hechos parecen llevar un ritmo irracional, buena cosa es sentarse a conversar para buscar un acuerdo.

En caso de lograrlo, ojalá fuese una solución digna a la crisis que afecta a unos pocos, quizás a decenas y, eventualmente, a cientos de políticos chilenos (parte importante del drama es el vértigo: ni siquiera sabemos cuántos son los implicados).

Pero, al contrario, ese acuerdo podría terminar siendo percibido como un gran engaño, porque un enorme porcentaje de nuestros compatriotas ya tiene opinión formada sobre el tema. Su posición puede estar bien fundada o no, pero no cabe duda que es coincidente en un punto: aquí no se debiera salvar casi nadie, porque apenas hay trigo limpio.

Y si se tratase de insertar una solución consensuada, un acuerdo para poner término a investigaciones y procesos en un clima de total desconfianza hacia los políticos, una medida así demostraría una total insensatez, una falta completa de sensibilidad frente a esos chilenos consumidores de medios que quieren ver correr la sangre de gobernantes y legisladores. Porque, al fin de cuentas, millones de compatriotas ni siquiera votaron, por lo que mal pueden sentirse mínimamente responsables de los desvaríos de parlamentarios y administradores: que vayan al patíbulo, no tenemos nada que ver con ellos.

Pero algo más grave aún sucedería después de un eventual acuerdo: generada una suerte de autoamnistía o de punto final para los políticos, los mismos medios de comunicación que hoy victimizan a diestra y siniestra, se encargarían de particularizar, señalando con el dedo a un solo sector como el auténtico beneficiado con la medida: la derecha todopoderosa y los empresarios que la han apoyado.

La fórmula es muy conocida, ya se ha aplicado y no costaría nada replicarla. Es lo que se ha hecho con el Gobierno militar, culpándolo de todos los males de Chile para exculpar de paso a los iluminados y a los terroristas de la izquierda marxista. Una autoamnistía acordada por la clase política dejaría en total impunidad a las izquierdas y -por vía comunicacional- terminaría condenando definitivamente a la derecha y a los emprendedores. Negocio redondo para el gobierno actual: con la complicidad de numerosos agentes periodísticos se encargaría de insistir en que logró salvar a las instituciones de una debacle provocada por la UDI y Penta-SQM. El empate o la derrota del bacheletismo habrían sido evitados, no a través de la verdad, sino mediante la persuasión mediática.

Pero el éxito de esa estrategia no está asegurado, porque quizás sea ya muy tarde para una sucia operación comunicacional: la conciencia de tantos chilenos podría utilizar el caso Caval como resorte infalible para descubrir la trampa.

Desgraciadamente, en un escenario en que el engaño de la autoamnistía fuese descubierto, las perspectivas no serían mejores.

Esa sería la oportunidad para quienes tienen disponible la otra píldora adormecedora, la de más letal eficacia: terminemos con todo y convoquemos a la asamblea constituyente, porque esto ya no da para más. Gracias a la crisis, las voces que anuncian ese apocalipsis ya están reactivándose.

Entre el engaño de una autoamnistía que solo terminaría beneficiando a los gobiernistas y la mentira de una asamblea constituyente que consolidaría a las izquierdas más rupturistas, solo cabe hacer la apuesta más arriesgada, la única que puede resultar aceptable para todos los chilenos e inmanejable para los medios sesgados: conocer toda la verdad y asumirla.

Eso implica confiar en los Tribunales de Justicia. Si lograrán estar a la altura de esta hora dramática, será también cuestión que juzgaremos con rigor.