Las isapres -que cubren la salud de aproximadamente tres millones 300 mil chilenos- han dado a conocer los resultados del año 2014, en los que alcanzan utilidades por 60 mil millones de pesos.

Aunque los resultados anuales continúan siendo positivos y las isapres como sistema nunca hayan tenido un año con pérdidas, la incertidumbre sigue siendo el elemento fundamental en el campo de la salud privada. Las clínicas no han tenido un buen año y sus resultados no son muy diferentes de los de las isapres, aunque la transparencia entre ellas no es tan alta, debido a que no todos los establecimientos tienen una organización que los obligue a dar a conocer sus estados financieros.

Según las estadísticas difundidas por la Superintendencia de Salud, las utilidades obtenidas por las isapres corresponden a dos mil 813 pesos por cada cotizante al mes, lo que implica cerca de 1.500 pesos por cada beneficiario. Por cierto, no todas las isapres quedaron satisfechas con sus ganancias, puesto que la mitad de las entidades abiertas al público tuvieron resultados inferiores a los del año anterior. En conjunto, el sistema obtuvo como excedente el 3,1 por ciento de sus ingresos. Ayer mismo, cuatro de las siete isapres abiertas notificaron aumentos reales -de 3,2 por ciento en promedio- de los precios de sus planes para este año.

Las aseguradoras siguen enfrentando los recursos judiciales que impugnan el alza dispuesta en la ley del año 2005, pero que los tribunales no han aceptado. El año 2014 se presentaron cerca de 100 mil de tales recursos, lo que ha implicado que los tribunales asignen costas por unos 15 mil millones de pesos, que deben ser pagados por las propias isapres no en beneficio de sus cotizantes, sino de los abogados que han montado una verdadera industria de reclamaciones. La situación que se ha creado por las discrepancias entre las disposiciones de la ley aprobada por el Congreso y la interpretación de los tribunales, se ha convertido en una urgencia que debiera resolverse cuanto antes. El gasto de los chilenos en salud, como el de todo el mundo, es cada vez más alto por múltiples razones, incluido el envejecimiento de la población, la calidad de los servicios que se brindan, el cambio tecnológico que implica la aplicación de nuevos sistemas de diagnóstico y terapéutica y, en Chile, el mayor número de licencias médicas -el año pasado aumentó en cerca de 12 por ciento-, por lo cual la aspiración de mantener un precio reajustado solo en el índice general de precios al consumidor se vuelve casi imposible. A la larga, la situación actual -que no es el resultado de ningún plan, sino solo la consecuencia imprevista, intervenida por los tribunales, de lo que dispusieron los parlamentarios- no es sustentable. Sobre este punto no hay dos opiniones. Si debe o no llegarse a un plan garantizado, único y básico, es algo acerca de lo cual se podrá discutir por algún tiempo, en especial en cuanto a las formas de lograrlo, pero no parece razonable dilatar el ajuste a la ley sobre el reajuste de los precios.

Hace ya 10 años que el país reformó el sistema de salud, en especial en lo que concierne a las isapres. Desde entonces, se ha hablado mucho de los problemas, se han creado al menos tres comisiones presidenciales, pero el tema no ha podido aclararse. Todos los actores están sumidos en la incertidumbre esperando que algún gobierno actúe para poner cierto orden lógico que permita un mejor uso de los recursos que simplemente gastarlos en litigios judiciales.