El proyecto de creación de universidades estatales en las regiones de O'Higgins y Aysén -aprobado por la Cámara de Diputados y en trámite en el Senado- ha generado cierta preocupación por la excepcionalidad de su puesta en funcionamiento, la que está programada para comienzos de 2017.

En efecto, el proyecto de ley aprobado exime a estas instituciones estatales de someterse al proceso de licenciamiento que lleva a cabo el Consejo Nacional de Educación (CNED), procedimiento que tiene una duración de seis a 11 años hasta conseguir la autonomía. El objetivo de dicho requerimiento es preservar la calidad de la educación superior y de allí que -en algunos casos- se haya determinado incluso el cierre de instituciones. El proyecto en trámite establece que ambas universidades nacen autónomas -solo se contempla un sistema de tutorías no vinculante- y dispone su incorporación inmediata al Consejo de Rectores (CRUCh), aumentando el predominio de las universidades estatales, que sumarían 18, y fortaleciendo una visión de la educación universitaria muy ligada al Estado, en detrimento de las demás instituciones de educación superior, de gran contribución pública a través de actividades académicas de alto nivel.

Los estudiantes así lo entienden. Estudios del Ministerio de Educación demuestran que los postulantes de mejores puntajes eligen una universidad fundamentalmente por sus años de acreditación, lo que se manifiesta en que más de 150 mil jóvenes migraron, el año pasado, hacia aquellas ciudades donde pudiesen encontrar una formación académica de calidad. Entre las mayores tasas de migración se encuentran precisamente las dos regiones mencionadas, lo que para la autoridad confirma la necesidad de crear estas instituciones. En el último proceso de admisión, más de la mitad de las matrículas nacionales se concentró en Concepción, Santiago y Valparaíso, pero diversas casas de estudios regionales no lograron llenar los cupos ofrecidos, lo que, sumado a los altos niveles de deserción, les plantea un serio desafío. Distinta es la situación de aquellas universidades regionales que ofrecen programas de calidad en áreas vinculadas con los ámbitos de desarrollo local, pues sus egresados encuentran múltiples oportunidades laborales.

Es necesario procurar, a través de controles efectivos, que la expansión de la matrícula de educación superior no implique una merma en la calidad de la oferta educativa. El Estado, como actor fundamental del sistema, debe contribuir a elevar los estándares y ello implica someter a sus nuevas universidades a los procesos institucionales establecidos para preservar altos niveles de formación académica y ofrecer, en cada región, programas orientados a desarrollar nuevas oportunidades de progreso, de manera que la falta de empleo no sea, para los egresados, una nueva causa de migración.