La fantasía es una fórmula para ocultar la realidad.

Por eso algunos sugieren que en medio de esta agonía nacional, lo lógico sería redactar una nueva Constitución (y ojalá, mediante una asamblea popular).

Sería, una vez más, la fantasía para ocultar la realidad.

Cuando el 11 de marzo de 1981 entró en vigencia la Constitución original de 1980 -la del Presidente Pinochet, no el engendro de Lagos-, el país había vivido ya siete años y medio en un régimen constituyente, porque desde el 11 de septiembre de 1973 en adelante el gobierno militar insistió en conceptos que durante todo ese lapso fueron mucho más importantes que las normas legales, ya que fueron criterios fundantes: esfuerzo, trabajo, honradez, despolitización, patriotismo, iniciativa, responsabilidad. Eran nociones sobre las cuales se edificó después una normativa formal que consolidó lo que día a día millones de chilenos venían practicando como un camino de reconstrucción nacional, después del desastre de la UP.

Se había logrado aplicar un criterio básico: primero la vida de los ciudadanos, después las normas jurídicas para consolidarla. Y si a Portales le había tomado algo más de tres años proceder de ese modo, nada tenía de extraño que para salir del peor drama nacional, hiciera falta más del doble de tiempo.

O sea, lo que el gobierno militar entendió es que las crisis de las instituciones son siempre problemas de personas; que no hay solución posible si se cree que modificando los textos se producirá un cambio mágico que transformará a los depredadores en servidores, a los pituteros en trabajadores transparentes y a los odiosos en amorositos.

Nada de eso, y menos hoy que ayer.

Menos hoy que ayer, porque la democracia legada a Chile por la presidencia Pinochet debiera haber sido capaz de insistir siempre en un "tú vales, tú lo logras", pero hemos fallado casi todos, y hemos convertido esa magnífica posibilidad en un grito mediocre y lastimero, en un "tú pide, tú exige", dirigido no a compatriotas libres, sino a chilenos a los que se trata como paralíticos y leprosos.

Casi todos hemos fallado, pero unos más que otros, porque ha sido responsabilidad mayoritaria de la Concertación -y ahora se suman los comunistas- el haber omitido sistemáticamente las referencias a los conceptos decisivos, incluso el haberlos denigrado. Bastaría un buen paralelo de los dichos Pinochet-Bachelet para tomar nota de la notable diferencia que ha habido entre el incentivo al esfuerzo bajo el gobierno militar y la apelación a la mediocridad que, bajo clave solidaria, ha caracterizado al concertacionismo.

Nuestra crisis agonal, ¿podría tener solución en un papel constitucional en que se articulen derechos sociales exigibles universalmente y se consagren nuevas reparticiones públicas y reforzados mecanismos fiscalizadores?

No. Sería simplemente la refrendación de una tremenda falacia, esta: La democracia consiste en que los ciudadanos le entreguen al Estado el máximo de poder para que desde sus estructuras los haga felices.

El riesgo, en todo caso, es muy grande, porque la propia coalición gobernante se ha propuesto agrandar de tal modo el aparato estatal, que un día bien podría suceder que esos cientos de miles de funcionarios cantaran a coro, plenamente convencidos: "Bendita nueva Constitución que nos das el poder de dirigir las vidas de tantas y tantos que, de no ser por nosotros, tendrían que esforzarse; bendita nueva Constitución que nos garantizas ser la nomenklatura que dirija, legisle y juzgue, ahí donde otros no tienen la madurez para hacerlo; bendita nueva Constitución que hiciste de la crisis, un eclipse, y la gente creyó que venía un nuevo día".