Los problemas políticos de la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, están creciendo a diario tras las protestas masivas antigubernamentales del 15 de marzo, que fueron mucho más grandes de lo esperado, y las nuevas denuncias de corrupción contra funcionarios de alto rango del partido gobernante en el escándalo de Petrobras.

A juzgar por lo que escuché del ex Presidente Fernando Henrique Cardoso, el senador José Serra y otros políticos brasileños cuando los entrevisté en días pasados, es probable que Rousseff no sea sometida a juicio político -al menos por ahora- en el escándalo de los sobornos pagados por la empresa petrolera estatal a funcionarios del gobierno y legisladores del oficialista Partido de los Trabajadores.

Sin embargo, Rousseff podría quedar políticamente paralizada para el resto de su mandato, que finaliza en enero de 2019. La investigación sobre los sobornos de Petrobras, que tuvieron lugar mientras ella presidía el Consejo de Administración de la empresa, durará por lo menos uno o dos años más. O sea que cuando termine, asumiendo que la Mandataria salga indemne, ya será una Jefa de Estado finalizando su mandato, y, por lo tanto, con poco poder político.

Para agravar las cosas, la economía de Brasil tendrá su peor desempeño en 25 años en 2015, según una reciente encuesta del Banco Central entre casi un centenar de economistas, que proyectan que la economía caerá un 0,6 % este año. Pocos economistas esperan una pronta recuperación, salvo una movida poco probable de Rousseff para sellar un acuerdo con la oposición.

A principios de esta semana, un sondeo Datafolha mostró que solo 13% de los brasileños cree que Rousseff está haciendo una buena labor, la peor calificación de cualquier Presidente de Brasil en más de dos décadas.

"Sin duda, las protestas del pasado fin de semana van a tener un gran impacto", me dijo el senador opositor José Serra. "Nunca hubo nada semejante. No había partidos políticos ni sindicatos por detrás, y la gente fue a las calles".

De hecho, el 74% de los que protestaron en São Paulo participó por primera vez en un mitin político, según Datafolha.

Cuando le pregunté al ex Presidente Cardoso qué hay de nuevo en las protestas del pasado fin de semana, teniendo en cuenta que también hubo protestas masivas en 2013 y 2014, me dijo que la combinación del aumento de la indignación pública, la caída de la popularidad de Rousseff, una economía en baja, y las constantes revelaciones de corrupción en el escándalo de Petrobras "sin duda" tendrán un impacto político. "Se nota en el propio Congreso, que escucha la opinión del pueblo, y que comienza a tornarse más rebelde", dijo Cardoso. "Así que habrá consecuencias políticas". Consultado sobre si cree que Rousseff será sometida a juicio político, Cardoso me dijo que los líderes del Congreso, con razón, tienden a ver un juicio político como una medida de último recurso, ya que no quieren dividir aún más al país y poner en riesgo la democracia. Pero si los fiscales establecen una relación directa entre los sobornos de Petrobras y Rousseff, un juicio político es posible, añadió. Cardoso dijo que cree que ni el ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ni Rousseff están "directamente involucrados" en el escándalo de Petrobras, pero añadió que "no es posible que el Presidente Lula y ella no supieran que algo malo pasaba allí".

Tras las últimas protestas, Rousseff se comprometió a anunciar un plan para luchar contra la corrupción "con todas las armas". Añadió que el hecho de que el tesorero del partido gobernante fuera acusado por los fiscales muestra que su gobierno "no está interfiriendo" con la investigación, y que Brasil sigue siendo un país con instituciones fuertes.

Mi opinión: Para su crédito, y a pesar del populismo económico y la espantosa política exterior de su gobierno -que apoya casi automáticamente a los violadores de los derechos políticos y humanos en todo el mundo-, Rousseff ha despedido a más de media docena de ministros por acusaciones de corrupción.

Eso la distingue de los presidentes de Argentina o Venezuela, por ejemplo, que no solo se rehúsan a despedir, sino que promueven y defienden públicamente a sus colaboradores acusados de corrupción, y califican a quienes los denuncian de ser parte de supuestas conspiraciones contra sus gobiernos.

Pero si Rousseff quiere que Brasil se levante, tendrá que dejar de gobernar aisladamente. Los tiempos han cambiado: se acabó la fiesta de los altos precios de las materias primas, su Partido de los Trabajadores está en franca caída, y Brasil necesita urgentemente un gobierno con un apoyo más amplio para embarcarse en reformas económicas difíciles que puedan atraer inversiones.

Si Rousseff no tiende puentes con la oposición para salir de la crisis, el pronóstico para Brasil será una parálisis indefinida, o algo peor.