Es imposible no referirse a la comisión anticorrupción recién creada: ¿Qué sentido posee? ¿Qué utilidad reviste?

Hay varios motivos para dudar de su utilidad. Uno de ellos se relaciona con su legitimidad; el otro con los casos que motivan su creación.

Desde luego, una comisión de esa índole carece de la legitimidad que confiere la mayoría. Y eso es grave cuando se trata de un gobierno que ha erigido al de mayorías en el supremo principio de legitimidad de la vida social.

Quienes la integran poseen saber y virtud en abundancia, de eso no cabe duda; pero no cuentan con la legitimidad que confieren las mayorías; esa legitimidad que el Gobierno echa de menos en la Constitución o en la exigencia de quórum que dan poder de veto a las minorías. La inconsistencia es obvia: ¿Por qué lo que es malo en materia constitucional o de leyes (que las mayorías no logren imperar) no lo es a la hora de resolver las cuestiones relativas a la ética pública? ¿Por qué si es malo que el Tribunal Constitucional limite las decisiones de la mayoría, no lo es que un grupo pueda, de hecho, hacerlo en cuestiones éticas?

Una de las quejas frecuentes de la izquierda y el movimiento estudiantil fue que la vida social se había naturalizado y convertido en un asunto regido por leyes y por principios que solo los expertos podían inteligir. El surgimiento de una cultura de expertos, se dijo, desplazó la deliberación ciudadana y la política, deteriorando de esa manera la vida democrática. La queja contra la cultura de expertos fue especialmente aguda cuando se trató de economía o de educación. Pues bien. Si a la hora de diseñar el sistema escolar o establecer las prioridades del gasto público, hay que eludir a la cultura de expertos, ¿por qué recurrir a ella en cuestiones éticas, harto más sinuosas y opinables? O, al revés, si resulta adecuado y nada problemático nombrar una comisión a la hora de abordar cuestiones éticas (esto es, cuestiones relativas a qué es correcto en la vida pública y qué no), ¿por qué no podría ser razonable hacer algo parecido en cuestiones constitucionales? ¿Qué razón habría para rechazar a los expertos en cuestiones constitucionales, cuando ya se les admitió en cuestiones éticas?

No cabe duda. Al formar esta comisión la Presidenta Bachelet se puso en medio de una obvia inconsistencia con el principio de mayorías que suele esgrimir y la narrativa de su propio programa. Y nada se saca, para resolver el problema, con declarar que serán los diputados y senadores quienes decidirán en definitiva. Luego de declarárseles incumbentes y parciales a la hora de deliberar sobre corrupción, son muy pocas las posibilidades que tienen de rechazar lo que esa comisión, esgrimiendo argumentos de autoridad, decida.

Pero el problema de la comisión no es solo de legitimidad. También deriva de los motivos que inducen a crearla.

Se trata de los casos Penta y el otro en que se involucraron Sebastián Dávalos y Andrónico Luksic.

Ocurre que son casos distintos. En el caso Penta el problema no es la falta de leyes, sino su incumplimiento. Y en el caso de Sebastián Dávalos, una de dos: o hay delito (en cuyo caso al igual que en Penta hay incumplimiento de una ley y no un defecto de ella) o simplemente hay descriterio, desaprensión de los involucrados (algo que la comisión, a pesar de sus abundantes virtudes, es difícil que pueda corregir). La comisión será irrelevante para esos dos casos y todos los que se le parezcan.

Pero, si no está en consonancia con el principio de legitimidad que el Gobierno suele esgrimir, ni parece consistente con los casos que en apariencia la motivan, ¿por qué se creó entonces?

La razón parece obvia. Ante la posibilidad que esos dos casos (y en especial el de Dávalos) siga resonando una y otra vez en la opinión pública, la creación de esa comisión está animada por el propósito de racionalizar (racionalizar, enseña Freud, equivale a eludir, a desplazar) el problema transformándolo en un asunto no de personas sino de instituciones, no de Dávalos, Luksic, Délano o Lavín, sino de reglas o incentivos. Ese propósito no tendría, por supuesto, nada de malo, si entre los casos que se trata de racionalizar no estuviera aquel en que está involucrada la familia de la Presidenta.

Pero desgraciadamente lo está. Y mientras ella no se pronuncie explícita y directamente sobre él, cualquier racionalización se verá mal.