El elevado IPC del mes de febrero se explica principalmente por el aumento en los precios de la electricidad residencial, que subieron casi un 10% durante ese mes. Estas alzas se deberían a que el Gobierno cursó decretos tarifarios que en rigor debieron aprobarse durante la anterior administración. Así, esta resolución transparenta parte de los mayores precios que han resultado en las correspondientes licitaciones de suministro. Aún quedan otros decretos por cursar, por lo que los precios de la electricidad podrían seguir subiendo. En efecto, varias licitaciones de ese período resultaron en precios elevados, mucho mayores que los actuales precios de nudo. La razón para haber postergado estos decretos es sencillamente la impopularidad de cualquier alza de precios, pero esa mala práctica tiene repercusiones.

Este retraso ha llevado a que los clientes adeuden a las distribuidoras sumas importantes que ahora deben pagar. La normativa establece que los mayores costos de las licitaciones comienzan a aplicarse a partir del momento en que se inicia el suministro de energía bajo el contrato licitado. Los montos adeudados difieren entre distintas regiones; siendo muy elevadas en algunas de ellas, y en algunos casos puntuales puede haber correcciones de precios a la baja. No se trata solo de consumidores residenciales: algunas empresas enfrentan deudas de cientos de millones de pesos.

El gobierno anterior no tuvo políticas eléctricas acertadas -desde múltiples cambios de ministro de Energía hasta episodios como "Barrancones"- , y este es un ejemplo más de ello. En efecto, no reconocer las alzas tiene varios efectos negativos. Primero, que la postergación no puede ser indefinida, por lo que en algún momento la autoridad se ve forzada a reconocerlas o, de lo contrario, el Estado estaría expropiando a las empresas eléctricas. Además, los retrasos obligan a pagar elevadas tasas de interés e introducen incertidumbre -con la sensación de que existe cierta discrecionalidad administrativa- que no es bien percibida por los inversionistas. Segundo, al no enviar la señal de que los precios han subido, los consumidores no perciben que el costo del suministro es mayor y siguen consumiendo como si rigieran los precios anteriores, más bajos, lo que es especialmente delicado dado el efecto retroactivo que tiene la adecuación de tarifas. Tercero, buena parte de las alzas de precios en las licitaciones de suministro son un reflejo de la incertidumbre vivida en materia eléctrica, debido a la oposición del público a la construcción de centrales. Si el público hubiera percibido directamente el costo de la oposición a la construcción de centrales, tal vez su rechazo habría sido más reflexivo o moderado.

Como lo han visto otros países que no han transparentado el costo de la energía, los subsidios generalizados tienden inevitablemente a crecer. Es el tipo de políticas que, llevadas al extremo, han causado serios problemas en Argentina y Venezuela. En este último país, estimaciones recientes indican que el costo subsidiado de la gasolina le cuesta 12 mil millones de dólares anuales al fisco, y contribuye significativamente a sus problemas financieros. Un gobierno responsable debe transparentar los costos, y usar una política de subsidios para reducir el impacto sobre los grupos de menores ingresos.