Los anuncios para avanzar hacia la desmunicipalización de la educación han encontrado inesperada resistencia de parte de los alcaldes, ya que, contrariamente a lo que muchos pensaban, la mayoría quiere seguir teniendo injerencia en educación. Por tanto, esta reforma puede tornarse compleja y quizás ello explica que haya recobrado fuerza la denominada agenda corta y los cambios de carácter organizacional parezcan postergarse. Más allá de la disputa de poder que puede existir en este ámbito, es evidente que una solución organizacional que borre a los municipios diluye el vínculo entre la comunidad y la educación y le resta legitimidad democrática. Es difícil pensar que una serie de servicios locales de educación articulados a través de una entidad nacional pueda ser demasiado receptiva a los intereses locales. Su dependencia del nivel central va a ser inevitable. La experiencia del Estado docente en nuestro país revela todos los costos que una solución de estas características puede significar para la educación estatal. En lugar de fortalecerla, puede condenársela a la irrelevancia.

La mirada a distintos sistemas escolares públicos en el mundo revela que estos suelen ser descentralizados y son muy raros aquellos que tienen un carácter más centralizado, e incluso en estos casos muchas veces está referido a subsistemas específicos. Esta realidad obedece a que la experiencia con sistemas educacionales centralizados no ha sido particularmente positiva, porque se pierden los vínculos entre la comunidad y la organización responsable de administrar los planteles escolares. Además, el estrecho vínculo que existe entre educación escolar y ciudadanía lleva a que, en general, los países prefieran otorgarle algún grado de legitimidad democrática a la provisión de educación pública. En nuestro país, por las características de nuestro sistema político e institucional, no hay alternativas descentralizadas con dicha legitimidad que no sean los municipios. Uno de los déficits que existieron en el proceso de descentralización de la educación en los 80 es que precisamente los municipios en ese entonces no eran democráticos. Cuando ello se corrigió en los 90 no se resolvió el segundo déficit, que apuntaba a la falta de suficientes competencias en los municipios para gestionar la educación.

Quizás una mejor alternativa es probar ahora con soluciones mixtas. El año 2010, las autoridades de la época convocaron a un panel de expertos, integrado por ex ministros, rectores de colegios, alcaldes y especialistas, que planteó una solución de esas características. Su propuesta apunta a aislar la gestión educacional de los municipios de intereses políticos de corto plazo de los alcaldes. Para ello creaba un consejo responsable de la educación a nivel de los municipios. La mayoría de sus integrantes era elegida por los alcaldes a partir de ternas elaboradas por el Sistema de Alta Dirección Pública. Así, el alcalde se involucraba en el proceso educacional a través de la selección de parte de este Consejo y su eventual remoción. Otra parte del Consejo era elegida por la comunidad entre los padres y apoderados con alumnos en las escuelas y liceos municipales. Este Consejo seleccionaba al director ejecutivo de la organización, que a su vez proponía al Consejo el nombramiento y remoción de directores.

El panel de expertos también proponía que las escuelas y liceos que mostrasen sistemáticamente buenos desempeños fuesen adquiriendo grados crecientes de autonomía, como de hecho ocurre en otras naciones. Soluciones de esta naturaleza que no se traduzcan en un modelo completamente alternativo cuyos resultados y funcionamiento se desconocen y que, en cambio, produzcan correcciones significativas, pero dentro de un marco conocido, puede ser un camino mucho más provechoso para la educación estatal. Seguramente esta opción reduce los costos financieros de la transición, además de aprovechar la experiencia acumulada, y puede conseguir con más posibilidades una educación pública de mayor calidad.