Las disonantes declaraciones y amenazas del Presidente Humala y el retiro temporal de su embajador en Santiago -por insatisfacción sobre la respuesta al reclamo de un supuesto espionaje chileno- se han apartado de las prácticas diplomáticas, perjudicando seriamente la agenda bilateral y degradando los vínculos oficiales, alejándolos del superior interés de cooperación entre ambos gobiernos y pueblos. Es de esperar que se normalice esta situación a la luz de anuncios peruanos de reencauzar este desencuentro por la vía diplomática.

La Cancillería chilena ha actuado correctamente al omitir comentarios e interpretaciones sobre la determinación presidencial peruana de un retiro condicionado de su jefe de misión en Chile. Se trata de una decisión soberana del Perú, como lo es de nuestras autoridades decidir sobre sus servicios de inteligencia. Ninguno de los dos países debe inmiscuirse en estas esferas del otro.

Dejando de lado las dificultades políticas por las que atraviesa, difícil resulta entender los móviles que tendría el Presidente Humala para tensionar las relaciones con Chile. Pretender que estas se condicionen por las actuaciones de los servicios de inteligencia es entregarles a estos un poder desproporcionado, contraproducente y puede ser demostrativo de debilidades institucionales, especialmente cuando la supuesta infidencia proviene de posibles sobornos. Extraño también es el proceder vecino y la oportunidad de hacer públicos hechos controversiales, difícilmente verificables y antiguos, que suelen tratarse de manera reservada hasta lograr soluciones por la vía diplomática.

Es lamentable que la conducción de este incordio por el Presidente Humala dañe a un positivo proceso de restablecimiento de confianzas mutuas y avances en entendimientos fructíferos y promisorios, luego de sortear el fallo de la demanda peruana por la Corte de La Haya, cuyo cumplimiento está pendiente del compromiso del Perú de adecuar su legislación a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y de otros trámites internos que requieren el común acuerdo. Hasta ahora ambos países habían logrado manejar de manera impecable las externalidades de ese litigio proporcionando un buen ejemplo ante la comunidad de naciones y fortaleciendo la Alianza del Pacífico, el notable acuerdo regional que los une. A la vez, a los dos lados de la frontera, los intercambios entre las respectivas sociedades civiles han alcanzado estrechamientos sin precedentes, mientras el comercio y las inversiones binacionales se han incrementado a valores nunca vistos. Finalmente, más de dos centenares de miles de inmigrantes peruanos son valorados en Chile, aprovechan las oportunidades nacionales para sus legítimas aspiraciones de bienestar, reciben el debido reconocimiento de sus derechos e incluso asistencia social para aquellos más desposeídos. Todos estos progresos se encuentran ahora en suspenso por el aventurado pulso y falta de circunspección del Presidente Humala. Queda entonces, a opción de Perú, la valoración de los lazos diplomáticos con Chile y sus inevitables repercusiones en las instituciones civiles y militares, públicas y privadas, en sus ciudadanos, emigrantes e inversionistas.

El nivel de relaciones oficiales lo definen los gobernantes. Por más que Chile mantenga su buena disposición y prioridad en sus lazos con Perú, poco o nada puede hacer, en beneficio recíproco, si no hay voluntad compartida y, menos, con la voluntad presidencial contraria.

Aunque hay razones para el escepticismo, podrían ser alentadoras las últimas declaraciones del Presidente Humala que señalan haber encargado a su diplomacia el manejo de esta situación. Este vuelco obedecería a críticas peruanas al Presidente por sus arrebatos en esta materia. Es de esperar que este giro hacia la Cancillería peruana contribuya a la normalización de las relaciones bilaterales y permita controlar los daños causados por el Mandatario vecino.