Señor Director:

A raíz del fallo dictado en relación con el caso Penta, y sin el ánimo de hacer un análisis jurídico de fondo de las razones que tuvo el juez para dictar la medida cautelar de prisión preventiva a varios empresarios, me permito, en todo caso, discrepar de uno de los motivos, tal vez el más grave, que tuvo el juez para justificar su resolución.

Determinó que los señores Délano, Lavín, Bravo, Wagner y demás implicados eran un peligro para la sociedad, y para ello hizo una serie de disquisiciones que no comparto y que se alejan de la realidad y hasta de la lógica. ¿Qué peligro para la sociedad pueden significar personas que están siendo objeto de un proceso económico y que son tan altamente conocidas? ¿Van a estafar a alguien? ¿Van a infringir, en estas circunstancias, normas en perjuicio del fisco? ¿Van a cometer un delito de otra naturaleza?

La verdad es que nada de esto es lógico ni cierto. Son personas educadas, que aprecian su prestigio y que saben que cometieron errores y están dispuestas a enmendarlos, como lo han demostrado. Someterlos a prisión es un escarnio innecesario y solo persigue generar aplausos de ciertos sectores, pero que se aleja, a mi juicio, de una correcta aplicación de la ley, que es lo que uno debiera siempre esperar de un tribunal.

Alguien me puede explicar, si lo que el juez estima fuera cierto, ¿qué diferencia habría entre cumplir este período en la cárcel o recluido en su hogar? Ninguna. El objeto de la medida cautelar se cumple a cabalidad de igual manera. Se trató, por lo tanto, de dar una "señal", y la justicia no está para ello.

Lamentablemente, este fallo deja entrever un sesgo de naturaleza no jurídica, y más afincado en lo que "el pueblo pide", y eso no se espera de un juez.

Álvaro Pizarro Maass