Durante la inauguración del Año Judicial, y con ocasión de ella, el presidente de la Corte Suprema ha invitado a establecer un "acuerdo nacional para la modernización de la justicia". El contenido fundamental de este acuerdo sería añadir a la protección de los derechos civiles y políticos un reconocimiento efectivo de los derechos sociales, económicos y culturales. Destacó que resulta imperioso dotar a estos derechos de una mejor "regulación normativa" y crear un marco sustantivo y procesal que sea consecuente con las demandas sociales. Un lugar destacado ocupó también la sugerencia de suprimir el fuero parlamentario por razones de "igualdad ante la ley", así como la propuesta de introducir un examen habilitante para el ejercicio de la profesión de abogado con el fin de hacer frente a las diferencias sustanciales que se observan en la preparación de estos profesionales, lo que "contribuye a la desconfianza" de los ciudadanos. El presidente del Supremo Tribunal defendió también la facultad de la Corte Suprema de nombrar tres ministros del Tribunal Constitucional y relevó la falta de sustancia de la acusación constitucional que fue enarbolada contra el ministro Carreño para ser luego ampliamente desestimada en el Congreso.

Varias de las cuestiones sustantivas de esta intervención aparecen en llamados al Poder Legislativo y al Constituyente para introducir modificaciones de contenido más bien político, como la supresión del fuero o el establecimiento de votaciones para revocar las designaciones de algunas autoridades. El énfasis en la necesidad de reforzar la protección de los derechos sociales, económicos y culturales para satisfacer las demandas sociales debe equilibrarse rigurosamente con un llamado a evitar cualquier forma de activismo político o agenda propia de los magistrados, un fenómeno que no ha sido ajeno a la realidad judicial de los últimos años.

Distinto es el caso de la preocupación por la calidad en la formación de los abogados, que el presidente de la Corte Suprema expresa con propiedad y conocimiento de causa. La formación de los abogados es un problema de interés general y debe ser abordado como tal, entre otras razones porque la administración de justicia e innumerables cargos públicos de gran relevancia institucional están confiados precisamente a quienes cuentan con esa formación. Una parte de los problemas de ética pública que hoy enfrenta el país están influidos por la conducta impropia o por la omisión de los asesores jurídicos. Con todo, existen diversos instrumentos -más allá de un examen nacional- para avanzar en asegurar niveles adecuados de preparación de los egresados de Derecho sin poner en riesgo la diversidad de proyectos educativos que se pueden desarrollar en el ámbito de las ciencias jurídicas. El campo profesional de los abogados es tan amplio, que resulta muy complejo constreñirlo a la fórmula de una prueba estandarizada común que podría percibirse como una suerte de barrera de entrada.

En el discurso se echó de menos un desarrollo de lo que parece ser una preocupación de los mismos jueces, los nombramientos y calificaciones, que constituyen otro pilar de la independencia judicial. Parece existir un diagnóstico claro en cuanto a que la carrera funcionaria de un juez no puede depender de que los superiores compartan sus opiniones jurídicas. Sin embargo, hay diversas alternativas para mejorar el actual sistema y al interior del Poder Judicial no existe acuerdo al respecto. La creación de una instancia técnica y de reflexión sobre ese aspecto es un asunto que, entre otros, sigue pendiente.