Jorge Soto y Nicolás Guzmán

Un respaldo transversal de los parlamentarios -tanto del oficialismo como de la oposición- recibió el ministro del Interior (s), Mahmud Aleuy, quien ayer en entrevista en "El Mercurio" señaló que para un nuevo marco regulatorio que norme la relación entre política y negocios se requiere del aporte de "todas las instituciones".

Sus declaraciones fueron respaldadas ayer por el vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, quien afirmó que el Ejecutivo pretende definir un estándar regulatorio más exigente, y que para ello se "van a proponer múltiples iniciativas que nos permitan garantizar que la voz de los ciudadanos prime siempre por sobre la voz del dinero, y para eso esperamos contar con la contribución de todos los sectores precisamente para dar respuesta a esta necesidad".

En esa línea, el senador DC Andrés Zaldívar indicó que este tema debe ir más allá de un acuerdo "político transversal", y que "tiene que haber una concurrencia y voluntad de todos los actores, sin exclusiones, que tienen interés en que en este asunto se dé una salida y una solución".

Su par del PPD Guido Girardi afirmó que "cuando tienes una crisis de institucionalidad, cuando los niveles de desconfianza que la sociedad tiene de los partidos políticos, del mundo empresarial, de los parlamentos, del Gobierno, de la institucionalidad religiosa, incluso de las policías, impactan lamentablemente en la credibilidad de las personas; quiere decir que se tiene que convocar a todos los actores sociales, pero de cara a la ciudadanía".

Desde el PS, el senador Carlos Montes enfatizó en la necesidad de incluir "al sector privado, que tiene que opinar para que junto a los partidos también hagan un aporte a fortalecer el marco institucional".

Por su parte, el senador Jorge Pizarro (DC) valoró la postura del Ejecutivo y aseguró que "cuando se genera este tipo de situaciones me parece que es sano y bueno para el país recibir un aporte importante de organismos e instituciones que se dedican a estas cosas tanto a nivel nacional como internacional".

Para el diputado PC Hugo Gutiérrez, "quien tiene la responsabilidad es el gobierno de turno. Ellos tienen que hacer una propuesta que luego deberá ser debatida ampliamente en el Parlamento".

Sin embargo, el presidente del MAS, Alejandro Navarro, descartó la posibilidad de impulsar un acuerdo: "Desde ya creo que no hay ningún espacio para un acuerdo con la derecha ni en el problema ético ni en el problema institucional", dijo.

Apoyo de la Alianza

En la oposición también valoraron las declaraciones de Aleuy. El senador Andrés Allamand (RN) planteó que "siempre he abogado por una separación tajante entre política y negocios, y creo que es correcto generar un diálogo abierto con participación de distintos sectores -políticos, académicos, empresariales- para abordar este tema de fondo".

Mientras que su par de la UDI Juan Antonio Coloma agregó que "no todos pueden concordar en todos los temas, pero creo que en aquellos aspectos en que sí lo hacemos debemos hacer un esfuerzo por buscar acuerdos sin calculadora en un ámbito lo más amplio posible, como fue lo que sucedió en 2003".

Del mismo modo, el secretario general de la UDI, Javier Macaya, sostuvo que espera que este tipo de medidas "sea la tónica de acá en adelante y la conserve el ministro Rodrigo Peñailillo".

A su vez, el senador Alberto Espina (RN) señaló que "no tengo duda que hay que generar un acuerdo político transversal para dictar normas que sean realistas respecto a la probidad en el ejercicio de los cargos públicos".

De manera transversal también los partidos descartaron que con este acuerdo se busque impugnar las investigaciones que existen hoy en curso por irregularidades en el financiamiento de las campañas. "Que la gente tenga claro que esto no significa en ningún caso impunidad respecto de lo que actualmente se está investigando", dijo el secretario general de RN, Mario Desbordes.