Señor Director:

Hace 21 años el Ejecutivo creaba la Comisión Nacional de Ética Pública, compuesta por los distintos poderes del Estado y organismos autónomos y representantes de gran prestigio en la sociedad civil. De esa comisión nació la denominada agenda de probidad y transparencia.

Ante diversos escándalos, es necesario enfrentar el problema nuevamente, por lo que es muy alentador el llamado de la Presidenta de la República a avanzar en estas materias, para seguir siendo reconocido como un país transparente a nivel internacional.

Entre lo que debería contener esta agenda, no debiera faltar:

Una nueva regulación de la relación del dinero y la política, normando el financiamiento de las campañas y fortaleciendo al Servel; la total tramitación del proyecto de ley de probidad en la función pública que perfecciona las declaraciones de patrimonio e intereses de las autoridades y regula el fideicomiso ciego; un perfeccionamiento mayor a la Ley de Transparencia, incluyendo a los partidos políticos y universidades que reciban aporte estatal y fortaleciendo al Consejo para la Transparencia; revisar y aumentar el catálogo de delitos funcionarios así como las penalidades asociadas; perfeccionar el sistema de Alta Dirección Pública, quitando los espacios de excesiva discrecionalidad de la autoridad; fortalecer las fiscalías de delitos de alta complejidad; atacar de frente las malas prácticas en temas tributarios, de especulación y bursátiles, la colusión y el uso de información privilegiada que afectan al sector privado, y consagrar constitucionalmente el derecho a la transparencia y de publicidad.

Las crisis son grandes oportunidades, si se las sabe enfrentar. En esta ocasión deberíamos salir airosos, con una democracia más fortalecida y más inmune a la corrupción.

José Antonio Viera-Gallo
Presidente de Chile Transparente