La Jornada Escolar Completa, reforma promulgada en 1997 por la administración del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, es el esfuerzo más importante por mejorar la educación pública y particular subvencionada hecho en las últimas décadas. En el papel, su lógica era impecable: para mejorar el proceso educativo, los estudiantes debían pasar más tiempo en el establecimiento educacional. En la práctica, sin embargo, sus resultados no han estado a la altura de las expectativas: la evidencia demuestra efectos menores sobre el desempeño escolar, a lo que se agrega que, de acuerdo con cifras del Ministerio de Educación, a la fecha 272 mil alumnos en 1.047 establecimientos educacionales aún no cuentan con Jornada Escolar Completa.

La eficacia de la multimillonaria iniciativa dependía de factores estructurales que no pasaban solamente por acomodar la infraestructura de los establecimientos educacionales a la nueva jornada única o por las dificultades que significaba, por ejemplo, la provisión de almuerzos (uno de los ítems de costos operativos más altos de la reforma).

La evidencia internacional demuestra que elementos tales como la preparación del profesor para enfrentar el desafío de educar por más horas, la calidad del currículo y el tiempo de instrucción afectan directamente la función de producción del proceso educativo. Sin cambios en estas dimensiones, la mera extensión de la jornada no debería tener repercusiones importantes sobre el desempeño de los alumnos. Los estudios para Chile sugieren que este fue el caso. Si bien se han documentado efectos positivos sobre las pruebas Simce en distintos niveles, las ganancias en resultados académicos han sido modestas, muy lejos de las expectativas originales. Esto explica el nulo impacto de la reforma sobre empleo y salarios de quienes fueron "beneficiados" por ella.

Donde la reforma sí tuvo algún influjo positivo, pero inesperado, fue sobre las conductas de riesgo entre los jóvenes. Estudios recientes han demostrado que la extensión horaria tuvo como consecuencia una reducción tanto en la deserción escolar como en el embarazo adolescente, particularmente en zonas urbanas en familias pobres. Entonces, por su mecánica y no por su contenido, que significaba mantener a los jóvenes en el colegio por más tiempo, la reforma redujo la incidencia de este tipo de eventos.

Pero más allá del efecto directo o indirecto de la Jornada Escolar Completa, la experiencia nos informa de las complejidades prácticas de implementar exitosamente iniciativas de este tipo. Los continuos atrasos en su total implementación, que a casi dos décadas aún no se concreta, y crecientes costos fijos y variables no permiten catalogar a la iniciativa, ni siquiera desde un punto de vista operativo, como exitosa. Y a la luz de la evidencia, probablemente tampoco sobrevive a un análisis de costo-beneficio.

En este sentido, sería conveniente que el Ministerio de Educación, en conjunto con la Dirección de Presupuesto, realizara un análisis histórico de los montos de recursos públicos destinados a esta reforma, y su potencial impacto económico.

En momentos en que el país se embarca en otro proceso de reforma educacional de gran alcance, la experiencia de la Jornada Escolar Completa nos recuerda que la voluntad y buena intención de la autoridad pueden no estar alineadas con la realidad de nuestro sistema educativo.