Ihering, notable jurista del siglo XIX, consideró que las relaciones entre derecho y moral constituyen "el Cabo de Hornos de la filosofía del derecho", o sea, un paraje en el que es preciso moverse con sumo cuidado ante el continuo riesgo de naufragar.

Una de tales relaciones se produce cuando legisladores, autoridades administrativas o jueces deben decidir sobre situaciones o casos en los que hay comprometida una importante dimensión de moralidad de los individuos y de las sociedades que estos forman. No siempre las autoridades resuelven sobre asuntos que pongan a prueba fuertes convicciones morales de ellas mismas y de los destinatarios de sus decisiones. Más bien lo contrario. Pero todos coincidimos en que a la hora de legislar sobre aborto hay en juego un componente moral tan relevante como insoslayable, que es el que explica las posiciones fuertes y encontradas que se dan sobre la materia.

Por tanto, lo primero que hay que destacar en relación con el proyecto de ley de aborto es que el Gobierno no le haya puesto urgencia. La interrupción voluntaria del embarazo, aun en el marco de las hipótesis acotadas del proyecto, tiene una dimensión moral que no desconocen ni defensores ni detractores de la iniciativa.

Así las cosas, es prudente que ambas cámaras se den tiempo para debatir el proyecto, escuchar opiniones expertas y ciudadanas (sobre todo de mujeres, porque hasta ahora la discusión parece solo cuestión de médicos, hospitales, clínicas privadas, abogados y rectores), formarse un parecer y votar finalmente de la única manera en que es posible hacerlo en una materia como esta: en conciencia. En conciencia de cada parlamentario, que es siempre individual, y no en la del partido, religión o iglesia a la que puedan pertenecer los legisladores.

Es posible que en el curso del debate nadie consiga convencer a otro (en asuntos de esta índole solemos estar instalados en creencias irreductibles), pero la discusión tendrá cuando menos el sentido de que se puedan exponer las razones que sustentan las diferentes posiciones, más allá de obviedades complacientes del tipo "estoy por la vida" o "la mujer tiene derecho sobre su cuerpo".

Bobbio, filósofo italiano del derecho, decía que tratándose de creencias últimas e irreductibles había que detenerse ante el secreto de cada conciencia, escuchar antes de discutir, y discutir antes de condenar.

Escuchar antes de discutir y discutir antes de decidir: eso es lo que se hará a propósito del proyecto que busca despenalizar el aborto. Y como lo que hace un parlamento no es lo mismo que se propone una academia, una universidad o un centro de estudios, la discusión acabará obligadamente en una decisión que se adoptará no por aplanadora, sino por mayoría, algo que vale la pena señalar, puesto que la oposición ha presentado la aprobación de ciertas leyes -la que cambió el binominal, por ejemplo-, como si se tratara de una aplanadora, desconociendo que la regla de oro de la democracia es que, agotada la discusión de los asuntos, estos se resuelvan por mayoría.

Tampoco puede descartarse del todo que como resultado del debate algunos legisladores modifiquen su parecer inicial frente al proyecto, al menos en aspectos específicos de este, de manera que la decisión final de aprobarlo o rechazarlo con uno u otro texto no consista en la simple determinación mayoritaria de un punto de vista sobre otro. Y así se terminara aprobando solo una de las tres causales del proyecto, la discusión acabará en el Tribunal Constitucional, que es la sede en la que pretenden ganar los que no tienen los votos suficientes para hacerlo en el Parlamento.

Espero, en fin, que nuestros conservadores no hagan esta vez lo que hicieron cuando se discutió sobre divorcio, igualdad de hijos concebidos dentro y fuera del matrimonio, anticoncepción de emergencia, acuerdo de vida civil, e incluso sobre la simple distribución gratuita de condones: propagar que al discutir sobre aborto Chile se pone al borde de caer en las tinieblas morales.