Andrónico Luksic, vicepresidente del Banco de Chile, envió este viernes una carta a los trabajadores del banco, sus empleados, disculpándose por las consecuencias que se siguieron de su reunión con Sebastián Dávalos:

Estoy consciente -expresa en esa carta- de que los hechos aludidos, las especulaciones y los comentarios en torno al caso pueden haber causado dudas y molestias a usted y familia, lo que lamento profundamente (...). Asumo ante usted -concluye- mi total responsabilidad...

La carta es sorprendente.

Desde luego, ella aparenta tratar un asunto corporativo, uno de esos problemas que afectan de vez en cuando la gestión de las organizaciones. Pero todos saben -salvo, al parecer, el autor de la carta- que no es así. Es probable, por supuesto, que el asunto de que trata la carta haya generado dudas y molestias a los trabajadores del banco y sus familias; pero no cabe ninguna duda de que además, y sobre todo, causó dudas e irritó al común de la ciudadanía que vio cómo las reglas de la imparcialidad con que debe funcionar el mercado y la independencia de quienes ejercen cargos públicos se vio objetivamente lesionada y puesta en duda por la reunión con Dávalos que Luksic decidió.

Al disculparse con sus trabajadores entonces, y enmudecer en la esfera pública, Andrónico Luksic, pone de manifiesto su incomprensión del asunto en el que se vio envuelto. Él ve una cuestión corporativa u organizacional en un asunto que es público, que atinge a la imparcialidad con que deben funcionar las instituciones y las reglas que ordenan al mercado y a la política. No fue la tranquilidad de sus dependientes la que se vio lesionada en este caso, sino la confianza de los ciudadanos en quienes ejercen cargos públicos y en quienes, sin ejercerlos, como es su propio caso, tienen tanto o más poder que ellos.

Y en esa incomprensión que arroja la carta de Andrónico Luksic se pone de manifiesto una de las dimensiones más graves del problema, porque ocurre que Luksic posee un poder que por su alcance en la esfera económica, de la cultura y de la política, es inevitablemente público, pero él actúa como si no lo fuera. Un poder que no se sabe a sí mismo, que no se reconoce como tal, pero que no renuncia a serlo, tal parece ser el caso de Andrónico Luksic. ¿Cómo explicar, si no, que un problema de relevancia pública, cuyas consecuencias comprometen incluso el prestigio de la Presidenta de la República, se quiera zanjar mediante una carta dirigida a los dependientes del banco?

Pero no acaba ahí lo sorprendente de la carta.

En ella Andrónico Luksic declara asumir "su total responsabilidad". Suena bien; pero, ¿en qué se traducirá esa asunción? Porque ocurre que una responsabilidad sin consecuencias, simplemente no existe. Tanto en la esfera legal como en la moral, hacerse responsable de un acto reprochable (y la carta de Luksic, al pedir disculpas, reconoce tácitamente que su reunión lo es) supone estar dispuesto a reparar los daños o a soportar la pena. Pero si la reparación no existe y la pena está ausente, sencillamente no hay responsabilidad ninguna. Así, entonces, la pregunta es obvia: cuando Andrónico Luksic declara ante sus trabajadores que actuó de manera incorrecta y que asume toda la responsabilidad por ello, ¿qué daño reparará y cómo?, ¿qué pena soportará? Si estas preguntas no tienen respuesta (porque ni hay reparación ni pena alguna) entonces la responsabilidad que él declara asumir simplemente no existe.

Así entonces la carta de Andrónico Luksic dirigida a sus trabajadores revela dos aspectos de evidente interés público.

Uno de ellos, la falta de comprensión de Luksic, acerca de la índole del poder que posee. Él parece desconocer que, más allá de un umbral que traspuso hace tiempo, el poder adquiere una dimensión que le impone deberes públicos de relevancia. Esos deberes no son los de la filantropía o la caridad (una y otra son también formas sofisticadas del poder), sino los más austeros y sencillos de la rendición de cuentas y de las explicaciones claras por los actos que, como la reunión con Dávalos, dañaron lo que está en el interés de todos.

El otro, y quizá el más grave, deriva de constatar por enésima vez que si una sociedad, sus instituciones y la prensa, está interesada en controlar el poder, debe ocuparse no solo del Estado, sino también de los poderes extraestatales que, como el que posee Luksic, superan al de muchos ámbitos del propio Estado.

Si eso no ocurre, habrá otros casos en que se arriesga el interés público y el asunto se dará por resuelto enviando cartas a los dependientes y asumiendo una responsabilidad que encubre la total falta de ella.