La insatisfacción con la marcha de la educación pública ha motivado a través del tiempo diversas propuestas para elevar sus desempeños. En el primer gobierno de la Presidenta Bachelet se presentó un proyecto de ley para crear una nueva institucionalidad que se hiciera cargo de los planteles estatales. Dicho proyecto, sin embargo, no obtuvo apoyo en el Congreso. La administración del Presidente Piñera también presentó una iniciativa legal en esa línea y que tampoco prosperó. Claro que la complementó con un conjunto diverso de iniciativas que incluyó selección de directores por alta dirección pública, programas de preparación de directores, flexibilización del estatuto docente y creación de liceos de excelencia, entre otras, que parecen haber tenido un efecto positivo pero insuficiente.

Ahora el foco se ha vuelto a poner en una nueva institucionalidad. La agenda de corto plazo inicial y luego un conjunto de propuestas anunciadas por el Gobierno y que contaron con el apoyo de un consejo de expertos independientes contienen algunas iniciativas que podrían tornarse interesantes, como la de lograr que los establecimientos escolares sean más autónomos y al mismo tiempo más responsables por sus desempeños, pero que no parecen haberse desarrollado en plenitud, a la espera de una definición más precisa sobre el nuevo contexto en el que se desenvolverá la educación estatal.

El riesgo es que el debate sobre el fortalecimiento de la educación pública se convierta solo en una discusión de recursos. Los municipios, a pesar de que en los últimos años se han inyectado al sistema cuantiosos recursos adicionales por sobre la subvención escolar, argumentan que son necesarios aún más. Pero si bien hay un déficit de financiamiento en la educación escolar, particularmente en el nivel secundario, respecto del esfuerzo relativo que realizan los países de la OCDE, es importante que esos dineros se utilicen apropiadamente. Las demandas por más recursos parecen finalmente responder a la necesidad de financiar plantas sobredimensionadas, no solo de profesores, sino también de funcionarios asistentes. Que los recursos se destinen a estos propósitos no garantiza mejoramientos en la educación.

El traspaso de establecimientos a otras instituciones -el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet esboza la creación de un conjunto de servicios locales de educación pública dependientes de un servicio nacional- va a suscitar un debate respecto del financiamiento de deudas acumuladas e indemnizaciones. Una estimación de la Fundación Acción Educar sitúa en mil 100 millones de dólares los montos involucrados, correspondientes, por una parte, al pago de las deudas de arrastre (incumplimientos previsionales, entre otras) y de aquellas originadas en adelantos de subvenciones, y, por otra, a los ajustes en la actual sobredotación de personal que tienen los municipios. Así, las nuevas instituciones podrían partir sin estos pasivos. Estos serían costos por una sola vez. A ello se suma un flujo permanente eventual de 290 millones de dólares, que corresponde a lo que actualmente destinan los municipios a inversión en educación. El monto exacto es difícil de estimar: parte de este dinero se dirige en algunos casos a financiar la sobredotación que ahora se acabaría, pero en otros se trata de iniciativas educacionales valoradas por las comunidades.

Esta discusión sobre los recursos a invertir para producir el cambio institucional no será fácil. Además, se aprecia una incipiente resistencia de los alcaldes a dejar de gestionar la educación municipal. Particularmente ahora que el Gobierno se ha abierto a traspasar crecientes recursos adicionales, aquellos estarían revisando la decisión declarada, que muchas veces fue una amenaza poco creíble, de devolver los planteles escolares al Estado. No es fácil saber cómo se desarrollará la discusión, más aún cuando a partir de mediados de año las elecciones municipales comiencen a acaparar una parte mayor de la agenda. Quizás deba tomarse en serio la posibilidad de avanzar con mucha más fuerza en una agenda menos visible, pero que se concentre en fortalecer cada uno de los planteles públicos antes que pensar en una costosa y compleja transformación institucional.