Pamela Gutiérrez

Desde marzo del año pasado la Iglesia, a través del Área de Educación de la Conferencia Episcopal, comenzó a expresar su interés en la reforma educacional. Ahora, con la ley que pone fin al lucro, al copago y la selección aprobada el lunes en el Congreso, su análisis fue crítico: "Creemos que el país ha perdido una gran oportunidad".

Los reparos a la nueva legislación fueron presentados a través de un comunicado, que incluyó un texto escrito y un video con la lectura del mismo por parte del presidente del Área de Educación, el obispo de Temuco, Héctor Vargas.

En el documento se acusa que, ante un proyecto de tal envergadura, hubo un "cuestionable apresuramiento legislativo". El texto agrega que existió "premura legislativa injustificada", por lo cual, a juicio del Episcopado, se "han dejado en la ley vacíos e interrogantes". Los obispos piden orientaciones precisas.

"Una vez conocido el proyecto, sin embargo, y no obstante un tiempo previo de mucho diálogo por parte de distintos sectores, nos encontramos con un texto cuyos contenidos no eran, en términos globales, lo que muchos esperábamos fuese la expresión y el camino educativo para el logro de sus fines", dice el documento.

Este diálogo incluyó desde una reunión de parte del obispo Vargas en el Ministerio de Educación hasta la participación del ministro Nicolás Eyzaguirre en una jornada de vicarios y encargados de educación de las diócesis en el país, el 29 de mayo, instancia que había sido bien evaluada por monseñor Vargas.

Además del obispo, hubo un equipo de colaboradores, compuesto por el vicario de Educación de Santiago, padre Tomás Scherz; el vicario de Educación de Valparaíso, Edgardo Fernández, y el laico Rafael Silva, que analizó la reforma. Vargas, de hecho, concurrió al debate en las comisiones de la Cámara y el Senado.

En ese sentido, el prelado lamentó que el proyecto de ley "no incluyera temas relacionados directamente con la calidad de la educación".

Las críticas de la Iglesia apuntaron a los siguientes aspectos: "se percibió un grave desconocimiento de la riqueza y variada realidad de la educación particular subvencionada" y, al centrarse en el fin del lucro, "se ha sobrerregulado la gestión de los colegios, agregando nuevas sanciones, incluso penales". Criticó la creación de nuevas instancias administrativas "y burocráticas, que harán muy pesada, complicada y onerosa la gestión de las escuelas".

La implementación de la reforma se efectuará por etapas, llegando a tardar al menos 20 años para lograr la gratuidad de los colegios que reciben aportes del Estado. Ante este escenario, el documento dice que "creemos que la implementación de esta ley será un largo y complejo proceso, tanto para las escuelas como para los funcionarios públicos. Esperamos un atento respeto y acompañamiento de parte de la autoridad hacia los centros educativos, en lo que debería ser una prudente y larga marcha blanca".

A pesar de las críticas, el documento indica que hubo avances, "aunque insuficientes" y que hubo algunas modificaciones en el proceso legislativo.

"Esperamos que en su posterior reglamento, aplicación y posibles futuras revisiones, se salvaguarden aquellos principios, libertades, y derechos irrenunciables en toda auténtica educación", precisa el comunicado.

La Iglesia recuerda, en la declaración, los motivos que llevaron a involucrarse con el tema, el compromiso de "la construcción de una educación más justa, inclusiva y de auténticas posibilidades para todos nuestros niños y jóvenes, especialmente los más pobres".